Tres años después, la justicia aún no llega
Hoy, 3 de mayo de 2024, se cumplen tres años desde que una parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México se desplomó en una de las mayores tragedias en la historia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La noche del fatídico día en 2021, el colapso dejó un saldo devastador: 27 personas perdieron la vida y otras 80 resultaron heridas, dejando familias rotas y una ciudad en estado de conmoción.
El suceso ocurrió en la alcaldía Tláhuac, cuando el paso elevado que sostenía los dos últimos vagones del tren se desplomó sobre la transitada avenida Tláhuac, entre las estaciones Olivos y Tezonco. Vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar se unieron para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros, demostrando una solidaridad que, lamentablemente, no pudo evitar la tragedia.
Los antecedentes de esta catástrofe se remontan años atrás. Entre 2014 y 2015, el tramo elevado donde ocurrió el colapso experimentó problemas técnicos y estructurales que llevaron a su cierre parcial. A esto se sumó el daño causado por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, que aunque reparado en poco tiempo, dejó residuos de inestabilidad que persistieron en la zona durante años.
La Línea 12, originalmente concebida como una línea subterránea, fue modificada para operar tanto bajo tierra como en superficie, con trenes de ruedas de acero, lo que los investigadores señalaron como una de las causas de la inestabilidad y los daños en las vías desde el inicio de sus operaciones.
Las investigaciones sobre las causas del colapso fueron encabezadas por la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien contrató a la firma noruega de gestión de riesgo Det Norske Veritas (DNV). Los informes preliminares de la empresa revelaron deficiencias en la construcción del puente, así como problemas de soldadura y falta de soportes funcionales que contribuyeron a la fatiga en la viga colapsada.
Las responsabilidades recaen sobre las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12: ICA, Alstom Mexicana y Grupo Carso, esta última propiedad del magnate Carlos Slim. La falta de supervisión adecuada, la ausencia de estándares de calidad en el diseño y construcción, así como la negligencia en los controles de mantenimiento, han sido señalados como factores clave en la tragedia.
Aunque la empresa responsable del tramo colapsado, Carso, negó haber actuado mal, se comprometió a reparar el tramo de manera gratuita. Sin embargo, la justicia aún no ha llegado para las víctimas y sus familias. En diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó cargos contra 10 exfuncionarios, incluyendo al director del proyecto y a aquellos involucrados en la construcción y supervisión del mismo, pero el caso sigue pendiente y ninguno de los responsables se encuentra tras las rejas.
Mientras tanto, las víctimas en litigio han expresado su sensación de ser olvidadas y han denunciado la dilación del proceso sin resultados tangibles. A pesar de esto, el pasado 30 de enero, la Línea 12 del Metro volvió a abrir en su totalidad, recordando a la ciudadanía que, tres años después, la herida causada por esta tragedia sigue abierta, esperando justicia y reparación para quienes perdieron sus vidas y para aquellos cuyas vidas fueron marcadas por este suceso traumático.
