En una investigación que abarcó los años 2010 y 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la agencia antidrogas DEA, ha desvelado pruebas contundentes que apuntan al financiamiento ilícito del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Según documentos obtenidos de manera confidencial, la organización criminal habría aportado entre 2 y 4 millones de dólares con el propósito de asegurar protección y participación en la designación del Procurador General de la República en caso de que López Obrador ganara la elección.
Durante la pesquisa, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York identificó y respaldó las transacciones de dinero mediante reportes confidenciales y grabaciones de audio. Testigos vinculados al Cartel de Sinaloa y al círculo cercano de AMLO confirmaron la entrega, recepción y canalización de fondos ilícitos, solidificando las acusaciones de financiamiento ilegal.
El narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El Barbas”, fue señalado como la figura clave en las negociaciones del cartel. Durante ese tiempo, Beltrán Leyva, aliado de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, era parte de la cúpula de la Federación y obtenía ganancias mensuales multimillonarias del tráfico de drogas.
La Fiscalía y la DEA identificaron a los protagonistas de esta trama. Por parte del Cartel de Sinaloa, “La Barbie” (Edgar Valdez Villarreal), “El R” (Roberto Acosta Islas), y Roberto López Nájera fueron los responsables de las negociaciones y el manejo financiero. Del lado de AMLO, Nicolás Mollinedo, conocido como Nico y chofer inseparable de López Obrador, y Mauricio Soto Caballero, actual miembro del congreso de Morena, fueron los encargados de recibir y canalizar el dinero ilícito a la campaña.
Nico, de confianza cercana a AMLO desde el año 2000, fue el coordinador logístico durante la campaña de 2006 y un operador importante en la de 2012. Mauricio Soto Caballero, vinculado a AMLO desde hace más de 18 años, según sus propias declaraciones, ha participado en varias campañas presidenciales del actual presidente.
Además, la trama involucra al empresario Francisco León García, alias “Pancho León”, quien fue candidato a senador por el PRD en 2006 y desapareció en 2007, así como al empresario Emilio Dipp Jones, presente en la primera reunión donde se acordó el apoyo económico del Cartel de Sinaloa a la campaña de AMLO.
Las revelaciones han sido corroboradas por dos testigos cercanos a los protagonistas, uno vinculado al equipo de AMLO y otro miembro del Cartel de Sinaloa. Este escándalo plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso electoral de 2006 y arroja sombras sobre la relación entre el crimen organizado y la política en México.