La crisis política en Venezuela se intensifica a medida que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Fiscalía General controlada por el chavismo, abre una investigación contra el portal web de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acusándolo de forjar documentos electorales. Este portal ha publicado el 83,5% de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según sus registros, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría ganado con una amplia mayoría, contradiciendo los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El fiscal general, Tarek William Saab, impuesto por el régimen, declaró que las actas publicadas en dicho portal son “documentos forjados” utilizados por la oposición para “usurpar funciones del CNE”, un organismo que también se encuentra bajo el control del chavismo. “Se ha decidido iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración”, detalló la Fiscalía en un comunicado publicado en X.
Esta acción ha generado una fuerte reacción entre los sectores opositores y gran parte de la población venezolana, que acusa al régimen de Maduro de intentar encubrir un fraude electoral a gran escala. Según los datos recopilados por la PUD, González Urrutia habría obtenido 7.303.480 votos, frente a los 3.316.142 de Maduro, en un resultado que fue corroborado por testigos y miembros de mesa, quienes afirman la veracidad de las actas publicadas en el sitio web opositor. En contraste, el CNE sostiene que Maduro ganó con 6.408.844 votos, y que González Urrutia habría obtenido 5.326.104 sufragios, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas las actas que respalden estas cifras.
En medio de esta tensión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha iniciado una investigación, a petición de Maduro, para “certificar” los resultados electorales. En ese contexto, se ha convocado a los diez ex candidatos presidenciales para que comparezcan ante la Sala Electoral del TSJ. No obstante, González Urrutia se negó a asistir, calificando el proceso como una “violación al debido proceso” y asegurando que su presencia implicaría un grave riesgo para su seguridad personal y la voluntad del pueblo venezolano.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó el lunes las supuestas actas de escrutinio al TSJ, aunque estas aún no han sido publicadas. El Centro Carter, observador internacional en el proceso, emitió un comunicado donde subraya que el proceso electoral venezolano no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, y que, en su opinión, “no puede ser considerado como democrático” debido a la falta de transparencia en la publicación de los resultados.
La situación se agrava con la detención de más de 2.000 personas, según cifras de la oposición, quienes participaron en manifestaciones contra el presunto fraude electoral. González Urrutia ha exigido el “cese de la persecución” y la liberación de todos los detenidos, muchos de los cuales son dirigentes políticos, testigos de mesa y manifestantes pacíficos que fueron arrestados bajo la acusación de actuar con violencia, según las autoridades del régimen.
En un contundente mensaje difundido en X, el líder opositor afirmó: “Estoy con los miles de ciudadanos, dirigentes políticos, testigos de mesa y manifestantes pacíficos detenidos ilegalmente y perseguidos por luchar por la democracia. Hoy, exigimos su liberación y el cese de la persecución”. Reafirmando su postura, González Urrutia concluyó: “Defender la verdad no es un delito. La verdad es el camino de la paz”.
A medida que la tensión política y social en Venezuela se agrava, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, mientras aumentan las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la represión sistemática contra la oposición.