En una serie de decisiones judiciales que han generado un profundo malestar en sectores defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión, Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, y Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de dicho estado, han sido liberados tras obtener beneficios procesales que les permiten enfrentar sus procesos penales en libertad. Ambos son señalados por su presunta participación en actos de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, en 2005.
Las resoluciones, tomadas por la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez en Quintana Roo, han sido duramente criticadas por la abogada de Cacho, Araceli Andrade Tolama, quien calificó estas decisiones como un grave retroceso en la lucha por la libertad de expresión en México. “No hay sentido de justicia. Es lamentable que mientras ellos están en sus casas atendiendo sus asuntos, Lydia esté exiliada, sin garantías para su seguridad”, expresó Andrade en una entrevista reciente con Infobae México.
El 6 de agosto de 2024, Karam Beltrán fue liberado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún tras recibir un amparo que modificó sus medidas cautelares. Como parte de las nuevas condiciones, Karam deberá presentarse ante un juez cada mes y tiene prohibido abandonar la ciudad. Por su parte, Marín Torres, conocido popularmente como “El góber precioso”, fue liberado en la madrugada del 14 de agosto del Penal del Altiplano, Estado de México, y escoltado a su residencia en Puebla.
Estas decisiones han sido vistas como un duro golpe para quienes defienden la libertad de prensa en México, país que se ha consolidado como uno de los más peligrosos para los periodistas. Andrade Tolama manifestó su intención de impugnar las decisiones de la jueza Ortuño Suárez mediante recursos legales en un Tribunal de Apelaciones y en un Tribunal Colegiado, en busca de revertir lo que considera un fallo injusto y peligroso para la justicia.
“La jueza piensa que las medidas que impuso son suficientes para garantizar que no se van a sustraer de la justicia, y que en caso de ser sentenciados, regresarán voluntariamente a la cárcel. Honestamente, no lo creo y se lo dije en las audiencias. No la entiendo”, declaró Andrade Tolama, mostrando su escepticismo ante la posibilidad de que los acusados enfrenten sus condenas de manera voluntaria.
Un aspecto especialmente controvertido en el caso de Karam Beltrán fue la negativa de la jueza a ordenar el uso de un brazalete electrónico para su monitoreo. A pesar de que en una audiencia previa el propio Karam ofreció la colocación de dicho dispositivo, la solicitud fue desestimada. “La jueza fue muy laxa, le impuso una multa de 30 mil pesos y la obligación de firmar dos veces al mes en la cárcel. No lo considero adecuado para la gravedad del caso”, aseveró la abogada.
Este caso ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en México. De las 10 órdenes de aprehensión libradas por los actos de tortura cometidos contra Lydia Cacho, nueve fueron ejecutadas, mientras que una quedó pendiente debido al fallecimiento de la persona involucrada. Sin embargo, varios de los implicados ya han obtenido su libertad tras cumplir sus sentencias o beneficiarse de amparos, como es el caso del empresario José Kamel Nacif Borge, exonerado en 2021.
La liberación de Marín y Karam es un amargo recordatorio de la dificultad de obtener justicia en un país donde la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos sigue siendo una amenaza constante. La resolución de estos casos, lejos de brindar un sentido de cierre, ha reabierto viejas heridas y plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial mexicano.