La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, advierte sobre el riesgo de una regresión en materia de derechos humanos y señala que cada ministro deberá decidir si se postula para la reestructuración de la Suprema Corte.
Durante un conversatorio con estudiantes, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, afirmó que aún existen mecanismos legales para detener la reforma al Poder Judicial, la cual ha generado intensos debates en diversos sectores de la sociedad. Aunque se mostró cautelosa y evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el tema, Piña dejó claro que el proceso no ha concluido y que aún hay margen de acción en los tribunales.
En la reunión, celebrada con alumnos de derecho y otras disciplinas de diversas universidades, Piña respondió a las inquietudes de los estudiantes sobre la reforma, destacando que, como ministra presidenta, no podía expresar su opinión debido a la posibilidad de que, en el futuro, se vea en la obligación de resolver el tema en el pleno de la Corte.
“Miren, les voy a ser sincera: yo no puedo pronunciarme sobre ciertos temas porque, si lo hago, estaría impedida para resolver esos casos. Especialmente en una situación como esta, que probablemente llegue a la Corte a través de algún amparo, acción o controversia”, explicó Piña.
Elección de nuevos jueces y posible reducción de la Corte
Uno de los aspectos más discutidos de la reforma es la reducción en el número de jueces que conforman la Suprema Corte, pasando de 11 a solo 9. En este contexto, Piña destacó que cada ministro decidirá si se postula para la reelección bajo el nuevo esquema. Según la ministra, la participación de los actuales jueces en el proceso es voluntaria, pero aquellos que elijan no postularse deberán presentar su renuncia antes del cierre de la convocatoria, aunque seguirán trabajando durante el proceso de transición.
“Si la reforma pasa tal y como está, los ministros tendrán que decidir si participan en la elección. Los que no deseen hacerlo tendrán que renunciar antes del cierre de la convocatoria, aunque continuarán laborando para garantizar una transición ordenada”, aclaró.
Este proceso, que incluye la elección de los jueces bajo nuevas reglas, determinará el futuro de la Corte y del sistema judicial en su conjunto. Piña enfatizó que el resultado dependerá en gran medida de las personas que finalmente sean elegidas para ocupar esos cargos clave.
El peligro de una regresión en los derechos humanos
Otro punto central de la conversación fue la preocupación de Piña sobre una posible regresión en materia de derechos humanos, derivada de las modificaciones al Poder Judicial. La ministra presidenta fue enfática en señalar que lo peor que le podría pasar al país, e incluso al mundo, sería un retroceso en los derechos conquistados.
“Hemos avanzado mucho en la defensa y promoción de los derechos humanos. Sería terrible que ese péndulo regrese a una etapa en la que estos derechos sean menospreciados. Esto es algo que debería preocuparnos a todos, especialmente a las generaciones más jóvenes”, advirtió.
La preocupación de Piña no es infundada, ya que las reformas al Poder Judicial no solo afectan la estructura de la Suprema Corte, sino que también impactan en el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El impacto de la reforma: una visión de futuro
A lo largo de la charla, Piña mantuvo un tono reflexivo, destacando la importancia del contexto en que se dan estas reformas y las implicaciones que tendrán en la vida democrática del país. Si bien evitó dar juicios definitivos sobre las intenciones detrás de las modificaciones al Poder Judicial, subrayó que cualquier cambio que implique una merma en los derechos humanos representaría un grave retroceso para la sociedad.
El futuro de la Suprema Corte y del sistema judicial mexicano dependerá, en última instancia, de las personas que lleguen a integrarlo y de la capacidad que tengan para mantener el equilibrio entre los cambios legislativos y la salvaguarda de los principios constitucionales.
A pesar de la incertidumbre, las declaraciones de Norma Piña dejan entrever que la batalla por el Poder Judicial aún no ha terminado, y que existen vías legales que podrían frenar o, al menos, modificar la reforma tal como ha sido planteada.