Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, condenado a 38 años por vínculos con el narcotráfico

La Corte de Distrito Este de Nueva York sentenció a García Luna por colaborar con el Cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones.

En un fallo histórico, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan en la Corte de Distrito Este de Nueva York, tras meses de deliberaciones que culminaron con la confirmación de cinco cargos en su contra, cuatro de ellos relacionados directamente con el narcotráfico.

El exfuncionario fue arrestado el 9 de diciembre de 2019, acusado de haber colaborado estrechamente con una de las organizaciones criminales más poderosas de México, lo que lo llevó a enfrentar un juicio ampliamente seguido tanto en México como en Estados Unidos. La sentencia, que alcanza los 460 meses de prisión, abarca delitos como conspiración para distribuir e importar cocaína a nivel internacional, la dirección de una empresa criminal continua y el haber mentido a las autoridades estadounidenses.

Durante el juicio, que se extendió por más de un mes, la corte escuchó los testimonios de múltiples testigos, incluidos antiguos miembros del narcotráfico, como Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien detalló los acuerdos ilícitos que García Luna sostuvo con el Cártel de Sinaloa. “El Grande” afirmó que el exsecretario se reunió en varias ocasiones con él y otros miembros del crimen organizado para recibir sobornos millonarios. Según su testimonio, estos sobornos permitían que las fuerzas de seguridad mexicanas concentraran sus esfuerzos en los rivales del cártel, favoreciendo así el crecimiento territorial de la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando el fiscal señaló que “la persona que debería encabezar la lucha contra el Cártel de Sinaloa era, en realidad, uno de sus principales activos”. Esta afirmación reforzó la narrativa de que, bajo la fachada de combatir al narcotráfico, García Luna utilizaba su posición para fortalecer a uno de los grupos criminales más poderosos de la región.

La condena también incluye una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad condicional tras cumplir la sentencia. No obstante, los casi cinco años que García Luna ya ha pasado en prisión desde su arresto serán descontados de su sentencia, lo que podría reducir su tiempo en prisión efectiva.

El 21 de febrero de 2023, un jurado lo encontró culpable de los cargos que lo ligaban directamente al tráfico de cocaína y a la gestión de una organización criminal. En sus intentos por mitigar la severidad de la sentencia, García Luna envió una carta al juez Cogan pidiendo clemencia. En su misiva, el exfuncionario argumentaba que su juicio estaba influenciado por “información falsa aportada por el gobierno actual de México” y apelaba a la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. “Con el más profundo de mis sentimientos le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, escribió.

Sin embargo, el peso de las pruebas presentadas y los testimonios de figuras como Villarreal Barragán resultaron decisivos. Según “El Grande”, García Luna fue clave en el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa durante su mandato como secretario de Seguridad Pública, un periodo en el que el cártel consolidó su dominio sobre el tráfico de drogas, en parte gracias a la protección que recibía de las autoridades mexicanas.

El caso de García Luna ha generado intensos debates sobre la complicidad de altos funcionarios con el narcotráfico en México y el impacto de estas relaciones en la lucha contra las drogas. Durante los años en los que García Luna ocupó puestos clave en el gobierno, México vivió algunos de los momentos más violentos en la guerra contra el narcotráfico, una lucha que ahora se ve en entredicho con la revelación de los lazos entre el gobierno y los cárteles.

Este caso ha sido un recordatorio de los profundos desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México y su capacidad para combatir el crimen organizado, especialmente cuando altos funcionarios se ven involucrados en actividades ilícitas. La sentencia de García Luna marca el fin de uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la relación entre el Estado y el narcotráfico en México, aunque las repercusiones de este fallo continuarán resonando en ambos lados de la frontera.