Donald Trump elimina derechos para personas transgénero en cárceles federales y detención migratoria
En su regreso al cargo, Donald Trump firmó una controvertida orden ejecutiva que prohíbe que mujeres transgénero cumplan su pena en cárceles femeninas y restringe tratamientos médicos relacionados con la transición de género en prisiones federales y centros de detención migratoria. La orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, establece que las cárceles deben alojar a las personas trans en función del sexo asignado al nacer.
La medida fue presentada como una defensa de la “seguridad y dignidad de las mujeres”, pero ha provocado críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos para las personas transgénero encarceladas. Según Shannon Minter, del National Center for Lesbian Rights, estas políticas aumentarán las agresiones sexuales y las violencias físicas en contra de una población ya vulnerable.
Impacto en la comunidad trans y en el sistema penitenciario
Actualmente, unas 1,500 mujeres transgénero están detenidas en prisiones federales, donde enfrentan una probabilidad diez veces mayor de sufrir abuso sexual. El Williams Institute señala que, aunque las personas trans representan menos del 1% de la población estadounidense, son desproporcionadamente afectadas por el sistema de justicia penal debido a discriminación, pobreza y rechazo familiar.
Además, la orden ejecutiva prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos como terapias hormonales y cirugías de transición, considerados esenciales por la Asociación Médica Estadounidense para tratar la disforia de género. Jasmine Tasaki, activista de Black and Pink, denunció que la retirada de estos tratamientos podría causar serias afectaciones a la salud mental y física de las personas trans.
Batallas legales y respuesta social
Abogados de organizaciones como Lambda Legal anticipan que la medida enfrentará impugnaciones en los tribunales. Richard Saenz recordó que las protecciones constitucionales, como el derecho a la atención médica adecuada, aplican incluso a personas encarceladas. Este argumento ya fue respaldado en 2022 por un fallo que obligó al Buró de Prisiones a proporcionar cirugía de reasignación de género a una reclusa, citando violaciones a la Octava Enmienda.
Por otro lado, la nueva orden también afecta la implementación del Prison Rape Elimination Act, que consideraba el estatus transgénero como un factor de riesgo al asignar alojamiento. Esta modificación preocupa a activistas como Dee Farmer, quien ha recibido llamadas de reclusas temiendo por su seguridad.
“Estas políticas no solo son peligrosas, sino también inhumanas. Las personas trans merecen dignidad, incluso en prisión”, enfatizó Farmer, quien lidera el grupo Fight4Justice.
Con la orden ejecutiva ya en vigor, grupos defensores de derechos LGBTQ prevén una intensa lucha jurídica y social para revertir estas disposiciones.