Los integrantes señalan “imposibilidad jurídica” para continuar con su tarea
En un hecho sin precedentes, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron este lunes su renuncia inmediata e irrevocable, aduciendo una “imposibilidad jurídica” para continuar con la tarea de seleccionar a los candidatos para la elección judicial del 1 de junio. La noticia, dada a conocer a través de un comunicado en redes sociales, ha encendido el debate sobre la transparencia y viabilidad del proceso judicial.
El documento está firmado por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo. Todos ellos habían asumido el cargo con el compromiso de garantizar un proceso transparente y basado en méritos. Sin embargo, tras semanas de trabajo intenso, concluyeron que la tarea encomendada resultaba “inviable”.
El comunicado: un fuerte señalamiento
“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, afirmaron los magistrados en la misiva.
La renuncia ocurre en un momento crítico para el PJF, en medio de un enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial. El conflicto se agudizó después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyera al Senado de la República a asumir las tareas de selección mediante un proceso de insaculación, tras determinar el incumplimiento de una sentencia que ordenaba al Comité reanudar sus actividades.
El Senado toma la batuta
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el próximo 4 de febrero se realizará un sorteo público en el que se seleccionarán al azar los nombres de los aspirantes que aparecerán en las boletas. Este mecanismo, supervisado por notarios públicos, reemplaza la evaluación de idoneidad de los candidatos, un paso esencial según la reforma constitucional al Poder Judicial.
El Tribunal Electoral defendió la decisión, argumentando que el Comité había incumplido con el plazo del 31 de enero para enviar las listas de candidatos, poniendo en riesgo los derechos de los aspirantes que habían cumplido con los requisitos de elegibilidad.
Implicaciones y cuestionamientos
La renuncia masiva y el cambio en el proceso han despertado críticas sobre la calidad y transparencia de la elección judicial. Mientras que el Comité fue diseñado para garantizar un proceso meritocrático, su sustitución por un mecanismo aleatorio ha generado incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial.
Además, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había otorgado medidas cautelares que protegían a los integrantes del Comité de posibles sanciones, su dimisión refuerza la percepción de un ambiente hostil para cumplir con las tareas encomendadas.
Próximos pasos
Con la renuncia de los cinco magistrados, el proceso electoral del PJF enfrenta una nueva etapa, marcada por la intervención del Senado. Si bien el Tribunal Electoral ha establecido que el Senado puede enviar las listas resultantes directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como definitivas, aún queda por ver si la SCJN aprueba este mecanismo o lo cuestiona.
En los próximos días, las decisiones del Senado serán clave para determinar si el proceso logra cumplir con los estándares de legalidad y legitimidad que requiere una institución fundamental como el Poder Judicial.