Exfuncionario mexicano y su esposa enfrentan millonaria sentencia por corrupción y lavado de dinero
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados en una corte civil a pagar más de 2,400 millones de dólares por su participación en un esquema de corrupción y lavado de dinero que desvió fondos públicos del gobierno mexicano.
Sentencia histórica por corrupción y lavado de dinero
La sentencia determinó que García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de 1,740 millones.
Los montos están vinculados a fondos desviados mediante contratos ilegales con entidades del gobierno.
Posteriormente, ese dinero fue transferido a Estados Unidos y utilizado en inversiones inmobiliarias.
Las autoridades mexicanas identificaron que, bajo la dirección de García Luna, un grupo empresarial ligado a su familia obtuvo contratos públicos por más de 745 millones de dólares.
Los recursos se triangularon mediante empresas fachada y paraísos fiscales, antes de llegar a cuentas en el extranjero.
Parte de esos fondos se utilizaron para adquirir propiedades en Florida.
Red de corrupción y complicidad internacional
Además de García Luna y su esposa, otras personas fueron señaladas como participantes en la red de corrupción.
Algunos de ellos tenían vínculos empresariales o familiares con los condenados.
Estos individuos también fueron objeto de acciones legales, incluyendo el bloqueo de cuentas bancarias.
El caso civil es independiente de los procesos penales que se han seguido contra el exfuncionario.
Los juicios y sentencias reflejan el alcance de un esquema de corrupción que operó durante años.
La colaboración internacional ha sido clave para desmantelar esta estructura financiera ilícita.
Recuperación de activos y repercusiones legales
El gobierno busca recuperar los bienes adquiridos con recursos públicos desviados.
Esta sentencia representa un avance importante en la lucha contra la impunidad de exservidores públicos.
La investigación continúa para rastrear más activos escondidos en el extranjero.
Las autoridades han reforzado la cooperación con agencias internacionales para rastrear redes de lavado de dinero.
Se espera que los fondos recuperados sean reintegrados al erario público.
El caso se considera un ejemplo de rendición de cuentas y combate a la corrupción de alto nivel.
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