Gobierno federal supervisa asesinatos del juez Maya y alcaldesa en Oaxaca
Análisis de los hechos recientes
El domingo 15 de junio, en el municipio de San Mateo Piñas, la alcaldesa Lilia Gema García Soto fue asesinada en su despacho municipal. Un grupo armado ingresó al edificio y disparó contra ella y otro funcionario, quienes murieron en el lugar. Este acto de violencia provocó una respuesta inmediata de las fuerzas estatales y federales, quienes desplegaron operativos en diferentes zonas de Oaxaca para esclarecer el caso. Al mismo tiempo, sigue abierta la investigación sobre el asesinato del juez federal Everardo Maya Arias, ocurrido días antes. Maya había emitido un polémico amparo que benefició a un exalcalde acusado de delitos graves, lo que ha generado múltiples sospechas de represalias vinculadas a su labor judicial. Estos dos homicidios han puesto en alerta a las autoridades sobre la seguridad de funcionarios públicos en la región.
Reacción del gobierno federal
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha tomado un papel activo en el análisis y seguimiento de ambos crímenes. Equipos especializados trabajan en conjunto con las fiscalías locales para fortalecer las investigaciones y se evalúa la posible relación entre las resoluciones judiciales del juez Maya y su asesinato. Se han planteado medidas de protección para jueces que enfrentan amenazas debido a su trabajo en casos sensibles, bajo la estrategia de cero impunidad que el gobierno federal promueve para garantizar la justicia y seguridad. La coordinación entre las fuerzas estatales y federales se considera fundamental para evitar que hechos violentos similares se repitan, especialmente en zonas donde la presencia del crimen organizado es evidente y la inseguridad crece.
Contexto de violencia y desafíos locales
Oaxaca ha enfrentado un aumento en la violencia política durante los últimos meses, con varios casos que reflejan la inseguridad en regiones donde la autoridad es limitada. El asesinato del presidente municipal de Santiago Amoltepec en mayo pasado es un ejemplo reciente que demuestra un patrón preocupante de ataques a servidores públicos. La influencia de grupos delictivos ha llevado a amenazas constantes contra funcionarios y jueces, afectando la estabilidad institucional. En este contexto, la figura del juez Maya se volvió particularmente relevante debido a sus resoluciones en casos de alto perfil, entre ellas el amparo a un exalcalde de Iguala, Guerrero, que despertó controversias y críticas. Su asesinato resalta la vulnerabilidad que enfrentan los miembros del Poder Judicial al cumplir con su función, y subraya la necesidad urgente de implementar mecanismos de protección efectivos para preservar el estado de derecho.
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