El exgobernador de Veracruz solicitó el beneficio al argumentar que cumplió más del 95 % de su condena
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó una solicitud formal de libertad anticipada, luego de permanecer casi ocho años recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. La decisión final será tomada por una jueza el próximo 12 de noviembre, fecha en la que se evaluará si el exmandatario cumple los requisitos legales para obtener dicho beneficio.
Solicitud de libertad y argumentos de la defensa
La jueza Ángela Zamorano Herrera, encargada de la ejecución de sanciones en el Centro de Justicia Penal Federal, confirmó que Duarte presentó la petición desde diciembre de 2024. Según la defensa, el exgobernador ha cumplido con el 95 % de una sentencia de nueve años y ha demostrado buena conducta durante su reclusión.
El abogado Carlos Campuzano recordó que su cliente se entregó voluntariamente en 2018 y aceptó un procedimiento abreviado a solicitud de la propia fiscalía, reconociendo su participación en los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En aquel momento, además, se le impuso una multa de 58 mil pesos.
El equipo legal de Duarte presentó un expediente ante la jueza donde sostiene que el exmandatario ha cumplido con todos los requisitos legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, incluyendo el pago de multas, la buena conducta y la participación en programas de reinserción social dentro del penal.
Postura de la defensa frente al Estado
El abogado Pablo Campuzano insistió en que Duarte ha cooperado desde su entrega voluntaria y que el Estado mexicano, junto con la Fiscalía de Veracruz, ha incumplido promesas previas relacionadas con su proceso. El defensor señaló que su cliente no enfrenta procesos penales pendientes, pues los juicios en fuero común y federal han sido anulados o prescritos.
La defensa considera que la negativa a otorgar la libertad anticipada sería una medida política y no jurídica, dado que, según ellos, se han cumplido todas las condiciones legales para acceder a este beneficio.
Oposición de la Fiscalía General de la República
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Manuel Granados Quiroz, rechazó la solicitud argumentando que aún hay decomisos pendientes y que Duarte no ha enfrentado de forma plena las consecuencias de sus crímenes.
El fiscal recordó que durante la gestión del exgobernador en Veracruz se detectaron estructuras de corrupción, empresas fantasma y un desfalco millonario al erario público. Además, rememoró que Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017, tras ser expulsado del PRI, y posteriormente extraditado a México.
La sentencia dictada en septiembre de 2018 impuso una pena de nueve años de prisión, el decomiso de 40 propiedades y una multa superior a 3 mil dólares. Otros procesos relacionados con delitos electorales, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada fueron cerrados o declarados prescritos.
