Delcy Rodríguez amplió las medidas de emergencia y prolongó la suspensión de clases en las zonas afectadas.
La comisión para inspeccionar viviendas en Venezuela comenzará de inmediato la evaluación de inmuebles dañados por los terremotos registrados el pasado miércoles, luego del anuncio realizado por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien explicó que el objetivo es determinar qué familias podrán regresar a sus hogares y cuáles requerirán nuevas soluciones habitacionales mientras avanza la recuperación de las regiones más golpeadas por la tragedia.
Inspecciones definirán el futuro de miles de familias
La nueva instancia estará integrada por organismos públicos, especialistas en ingeniería y representantes universitarios, quienes realizarán evaluaciones técnicas sobre casas, edificios y otras estructuras afectadas. El sistema de revisión utilizará una clasificación por colores, similar a un semáforo, para establecer el nivel de riesgo de cada inmueble y determinar si puede ser habitado, si necesita reparaciones o si representa un peligro para sus ocupantes.
Durante una transmisión por Venezolana de Televisión, Rodríguez aseguró que la comisión presidencial ya trabaja en la verificación de las condiciones de habitabilidad y en la elaboración de diagnósticos que permitan ofrecer respuestas rápidas a las familias desplazadas. Además de las viviendas, el equipo también inspeccionará carreteras, puentes y otras infraestructuras estratégicas que pudieron sufrir daños como consecuencia de los movimientos sísmicos.
La funcionaria confirmó igualmente que la suspensión de clases se extenderá una semana adicional mientras continúan las revisiones en escuelas y edificios públicos. La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores hasta contar con informes técnicos definitivos sobre el estado de las instalaciones educativas.
Nuevos campamentos y proyectos de vivienda
Rodríguez informó además la creación de una segunda comisión encargada de atender a las personas que perdieron sus hogares durante los terremotos. Este grupo tendrá la responsabilidad de organizar campamentos temporales y coordinar la construcción de nuevas viviendas para aquellas familias que no puedan regresar a sus comunidades.
La instancia estará encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y contará con la participación del Ministerio de Hábitat y Vivienda, así como de autoridades nacionales, regionales y municipales de Caracas, La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, estados que concentran gran parte de las afectaciones registradas tras la emergencia.
En el balance ofrecido este domingo, la jefa del chavismo indicó que el suministro eléctrico en La Guaira ha sido restablecido en un 75 por ciento, mientras que el servicio de agua potable presenta una recuperación del 68 por ciento. Asimismo, aseguró que cerca del 90 por ciento de la red vial vuelve a encontrarse operativa, lo que facilita el traslado de ayuda humanitaria y equipos de rescate hacia las zonas más afectadas.
Persisten los operativos y crece la presión ciudadana
Las labores de búsqueda continúan en distintos puntos del país y, según Rodríguez, no serán suspendidas mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros. El balance oficial señala que 33 personas han sido rescatadas con vida desde el inicio de la emergencia y que los equipos nacionales e internacionales permanecen concentrados principalmente en el estado La Guaira.
Las cifras difundidas por el oficialismo elevan a 1.450 el número de fallecidos, a 3.150 la cantidad de heridos y a 12.721 las familias damnificadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles.
Al mismo tiempo, en varias comunidades afectadas ha crecido el malestar por la velocidad de los operativos de rescate. En Tanaguarena, vecinos y voluntarios reclamaron a efectivos militares que dejaran las labores de vigilancia para incorporarse a la remoción de escombros y colaborar directamente en la búsqueda de víctimas.
Los manifestantes cuestionaron la presencia de uniformados armados en una zona devastada por el desastre y exigieron una participación más activa en las tareas humanitarias. Tras las protestas, los militares comenzaron a utilizar herramientas de trabajo y se sumaron a los esfuerzos de rescate, en una escena que reflejó la presión social existente para acelerar las operaciones y aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes.
