La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación por la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, integrante de Morena, quien fue localizado el viernes 4 de septiembre dentro de su automóvil en una carretera de la entidad.
De acuerdo con información difundida por autoridades estatales y recogida por Reuters, el legislador presentaba al menos una herida producida por arma de fuego. El vehículo fue encontrado en la vía que comunica al municipio de Puente Nacional con Xalapa, la capital veracruzana.
La investigación sigue en curso
La fiscal estatal, Lisbeth Jiménez, informó que se integra la carpeta de investigación, pero no dio a conocer una hipótesis sobre el móvil ni señaló públicamente a posibles responsables. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, añadió que el automóvil no mostraba señales visibles de violencia.
Estos datos iniciales no permiten determinar si se trató de un ataque, un hecho accidental o alguna otra circunstancia. Por esa razón, cualquier conclusión deberá esperar a los peritajes y a la información oficial que emita la Fiscalía.
La Cámara de Diputados expresó condolencias a familiares y personas cercanas al legislador y pidió a las autoridades una indagatoria exhaustiva. Escobar representaba a Veracruz en el Congreso federal y anteriormente había ocupado cargos en el gobierno estatal.
Violencia política, un reto rumbo a 2027
El caso ocurre mientras México se prepara para los comicios del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán distintos cargos municipales, legislativos y estatales. Aunque hasta ahora no existe información oficial que vincule la muerte de Escobar con su actividad política, el contexto electoral obliga a las autoridades a esclarecer los hechos con rigor y transparencia.
La organización Data Cívica registró durante julio al menos 30 episodios de violencia político-criminal en 11 entidades, incluidos 14 homicidios. Zacatecas encabezó el reporte, seguido por Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Veracruz.
El Instituto Nacional Electoral también ha advertido que la intervención de grupos criminales representa un riesgo para los procesos democráticos. En resoluciones previas se han documentado casos de intimidación a votantes y ataques contra materiales electorales.
La prioridad inmediata es establecer qué ocurrió, preservar las pruebas y evitar especulaciones que puedan afectar a la familia o a la investigación. Hasta que la Fiscalía presente resultados, no hay elementos suficientes para atribuir responsabilidades ni motivos.
Fuente: Reuters, 4 de septiembre de 2026.
