Laura Fernández durante la investidura presidencial de 2026. Foto: Esteban Rojas Saurez/Asamblea Legislativa de Costa Rica, dominio público.
San José.— La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, consideró que eventuales operaciones terrestres de Estados Unidos podrían contribuir a la seguridad nacional, pero subrayó que no existe ningún plan concreto y que una medida de ese tipo necesitaría la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La mandataria planteó la posibilidad en una entrevista publicada el viernes 4 de septiembre de 2026. Su declaración se centró en la cooperación contra el crimen transnacional, el narcotráfico y otras amenazas regionales, sin anunciar un despliegue ni un acuerdo nuevo con Washington.
Cooperación existente y límites institucionales
Costa Rica y Estados Unidos mantienen desde hace años mecanismos de colaboración en seguridad, entre ellos patrullajes marítimos conjuntos. La ampliación de esa cooperación al territorio continental tendría implicaciones jurídicas y políticas diferentes, por lo que Fernández señaló expresamente la necesidad de un aval legislativo.
La Constitución costarricense abolió el ejército permanente en 1948 y el país ha construido parte de su identidad internacional alrededor de esa decisión. Por ello, cualquier presencia operativa extranjera es un asunto especialmente sensible y está sujeto al control de los poderes públicos.
La seguridad domina la agenda
Fernández asumió la presidencia en mayo de 2026 con una agenda de mano dura frente al crimen organizado. Costa Rica ha enfrentado en años recientes un aumento de la violencia relacionada con el tránsito de drogas y la disputa entre grupos criminales.
Los homicidios disminuyeron 14 por ciento durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según cifras citadas por Reuters. El descenso ofrece una señal favorable, aunque autoridades y especialistas advierten que la presión de las redes delictivas continúa.
La presidenta también ha propuesto reformas al sistema judicial y cambios presupuestarios que generan debate interno. Representantes del Poder Judicial han rechazado acusaciones de corrupción y han advertido que recortes profundos pueden debilitar la capacidad institucional para enfrentar al crimen.
Sin anuncio de tropas
La precisión central es que la declaración no constituye una autorización ni confirma la llegada de fuerzas estadounidenses. Hasta ahora se trata de una postura política sobre una posibilidad futura. Cualquier paso tendría que traducirse en una propuesta específica, pasar por el Congreso y definir alcance, duración y mecanismos de supervisión.
El debate pondrá a prueba cómo Costa Rica equilibra su tradición civilista con la necesidad de responder a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
