El asesinato de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, ha sacudido nuevamente a la política mexicana, revelando no solo la violencia desenfrenada que enfrentan los candidatos en diversas regiones del país, sino también una serie de negligencias gubernamentales que han dejado en evidencia la falta de seguridad y atención adecuada a estos crímenes.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el candidato morenista al Senado, Ricardo Sheffield, se expuso una cruda realidad: el cuerpo de Gisela Gaytán permaneció expuesto en la calle durante más de tres horas después de su brutal asesinato en la comunidad de San Miguel Octopan. Sheffield, visiblemente consternado, no dudó en señalar directamente al gobierno estatal por esta lamentable situación, argumentando que las instituciones de seguridad locales no actuaron con la celeridad necesaria para atender el crimen.
“Tuvo que pasar más de tres horas para que el gobierno estatal se dignara a atender el asesinato”, expresó Sheffield, mientras describía la angustia vivida por los familiares de la víctima, quienes tuvieron que rogar por la intervención de las autoridades para retirar el cuerpo de la vía pública. La indignación creció cuando Sheffield reveló que, hasta la fecha de la conferencia, los cuerpos de Gisela Gaytán y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a primer regidor que también perdió la vida en el mismo ataque, aún no habían sido entregados a sus familias.
La situación se agrava con la revelación de que Morena había solicitado medidas de seguridad al Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a sus candidatos en nueve municipios de Guanajuato, incluido Celaya, desde el 8 de marzo de 2024. Sin embargo, la respuesta del INE fue desalentadora, argumentando que las campañas aún no habían comenzado y exigiendo una abrumadora cantidad de documentos para considerar la solicitud.
Sheffield no escatimó en críticas hacia el INE, denunciando que se estaban imponiendo requisitos excesivos y fuera de lo legal, lo que dificultaba gravemente la obtención de seguridad para los candidatos de Morena. “Lo único que debe mediar es que sea una persona registrada como candidata y que el partido lo solicite”, afirmó Sheffield, visiblemente molesto por la aparente falta de comprensión y acción por parte de las autoridades electorales.
En medio del luto y la indignación, la pregunta que queda en el aire es cómo las autoridades mexicanas responderán a estas acusaciones de negligencia y qué medidas tomarán para garantizar la seguridad de los candidatos en un contexto político cada vez más peligroso. Mientras tanto, Guanajuato y el resto del país lamentan la pérdida de una valiente aspirante política y exigen respuestas y acciones concretas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.