La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, insta al embajador estadounidense a conocer a fondo la reforma judicial antes de emitir opiniones que podrían tensar las relaciones bilaterales.
En un nuevo episodio de tensiones diplomáticas, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras sus declaraciones críticas sobre la reforma judicial que actualmente se discute en el país. Salazar, en una inusual conferencia de prensa, expresó su preocupación por la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, argumentando que esta medida podría debilitar la independencia del Poder Judicial y poner en riesgo la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa, recomendó al diplomático estadounidense informarse mejor sobre el contenido y los objetivos de la reforma antes de emitir juicios apresurados. “Es fundamental conocer toda la propuesta antes de opinar. Hoy se constituye un Poder Judicial autónomo, preparado, y se fortalece la escuela del Poder Judicial. Esta es una decisión que corresponde al pueblo de México”, declaró la futura mandataria, subrayando la soberanía del país en sus decisiones internas.
El origen de esta controversia se remonta a la conferencia de prensa ofrecida por Salazar el pasado jueves 22 de agosto. En esa ocasión, el embajador estadounidense advirtió que la elección de jueces mediante votación popular podría facilitar la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial mexicano, dada la inexperiencia que podrían tener algunos jueces electos. Además, consideró que esta reforma podría vulnerar la independencia de los organismos judiciales y, en última instancia, afectar la confianza de los inversionistas extranjeros, un pilar fundamental para la prosperidad económica compartida entre las tres naciones norteamericanas.
Salazar fue enfático al señalar que la aprobación de esta reforma podría amenazar las relaciones comerciales trilaterales construidas con esfuerzo a lo largo de los años, una declaración que no pasó desapercibida para la clase política mexicana. Sheinbaum, sin embargo, reafirmó que la reforma busca precisamente mejorar el Estado de derecho en México y garantizar la preparación de quienes aspiren a ejercer en el Poder Judicial.
La presidenta electa también hizo hincapié en que la reforma no afecta, en su etapa actual, los compromisos internacionales de México, por lo que el debate sobre cómo se podría incorporar este cambio en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería ocurrir solo si el pueblo mexicano así lo decide.
Este intercambio subraya las diferencias de enfoque entre ambos países respecto a la administración de justicia y la soberanía nacional, en un contexto donde las reformas internas de México son observadas con creciente interés por parte de sus socios comerciales. La insistencia de Sheinbaum en que Salazar revise a fondo la propuesta antes de opinar refleja una postura de firmeza ante lo que percibe como interferencias externas en asuntos de soberanía nacional.
El debate sobre la reforma judicial, que continúa su curso en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se perfila como un tema central en la agenda política de México, con potenciales implicaciones para las relaciones diplomáticas y comerciales en América del Norte.