El director de la DEA, Terry Cole, señaló a integrantes del gobierno mexicano por presuntamente proteger al CJNG y facilitar actividades criminales.
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, elevó la presión sobre México con nuevos señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. El funcionario estadounidense afirmó que existen integrantes del gobierno mexicano que protegen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facilitan sus actividades.
Las declaraciones forman parte de la ofensiva que mantiene Washington contra los principales grupos del narcotráfico mexicano. Cole sostuvo que la estrategia estadounidense no se limita a perseguir a los líderes de los cárteles. También contempla a quienes, desde instituciones públicas, presuntamente permiten sus operaciones.
La DEA ha colocado al CJNG y al Cártel de Sinaloa entre sus principales prioridades. En agosto, la agencia anunció nuevas acusaciones contra integrantes de alto nivel del CJNG. También ofreció más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita capturar o lograr condenas contra ocho fugitivos relacionados con esa organización.
Señalamientos contra funcionarios mexicanos
Cole afirmó que la estructura criminal del CJNG se sostiene mediante violencia y corrupción. Según el director de la DEA, esa red también alcanza a integrantes del gobierno mexicano.
El funcionario aseguró que algunos servidores públicos presuntamente protegen a dirigentes del grupo criminal frente a investigaciones y acciones judiciales. También señaló que esas personas facilitarían actividades relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia.
La DEA sostiene que estos vínculos representan uno de los principales obstáculos para combatir al crimen organizado. Por ello, Cole dejó claro que la agencia pretende perseguir tanto a los integrantes de los cárteles como a quienes les proporcionen protección.
Las declaraciones coinciden con una línea de presión que Washington ha mantenido durante los últimos meses. Estados Unidos ha incrementado sus acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
En abril, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y anteriores. La acusación sostiene que los implicados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas en Estados Unidos.
México rechaza las acusaciones
Las afirmaciones de Cole han generado una fuerte respuesta del gobierno mexicano. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones sobre una supuesta relación general entre el gobierno y los cárteles.
Sheinbaum calificó previamente los señalamientos de Cole como una declaración política sin fundamento. El gobierno mexicano también ha defendido los resultados de su estrategia contra las organizaciones criminales.
Las autoridades mexicanas han señalado que existen investigaciones y detenciones de funcionarios relacionados con actividades delictivas. También han rechazado que exista una política institucional de protección a los cárteles.
El conflicto ocurre mientras ambos países mantienen cooperación en materia de seguridad. En agosto, Cole y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participaron en una conferencia internacional contra las drogas en Buenos Aires.
Durante ese encuentro, ambos funcionarios destacaron la importancia del intercambio de información y de la coordinación bilateral. García Harfuch resaltó operaciones realizadas con apoyo de agencias estadounidenses.
La situación muestra una relación bilateral marcada por dos posiciones simultáneas. Por un lado, México y Estados Unidos mantienen mecanismos de cooperación contra el narcotráfico. Por otro, Washington continúa realizando señalamientos sobre posibles redes de corrupción dentro de instituciones mexicanas.
Las acusaciones de la DEA se producen en un momento de creciente presión sobre México. Washington ha endurecido su postura contra los grupos que trafican fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
La DEA ha advertido que su ofensiva también alcanzará a los facilitadores financieros y políticos de las organizaciones criminales. Cole ha insistido en que combatir únicamente a los líderes de los cárteles resulta insuficiente.
En abril, la agencia estadounidense acusó a funcionarios de Sinaloa de utilizar sus cargos para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa. Según la acusación, algunos habrían proporcionado información policial y militar a integrantes del grupo. También habrían protegido cargamentos de droga durante su traslado hacia Estados Unidos.
El caso de Sinaloa incrementó la tensión entre ambos gobiernos. Rocha Moya ha negado las acusaciones y las ha calificado como ataques políticos. La Fiscalía mexicana mantiene su propia investigación sobre el caso.
La controversia coloca nuevamente la corrupción vinculada al narcotráfico en el centro de la relación entre México y Estados Unidos. Mientras Washington sostiene que existen funcionarios que colaboran con los cárteles, el gobierno mexicano defiende su soberanía y rechaza acusaciones generalizadas.
La DEA, entretanto, mantiene su ofensiva contra las principales organizaciones criminales mexicanas. Sus declaraciones muestran que la estrategia estadounidense busca ampliar el objetivo hacia las redes que presuntamente permiten a los cárteles mantener su capacidad operativa.
