El Operativo Enjambre sumó una nueva captura en Morelos dentro de la estrategia federal contra la extorsión y la corrupción.
La detención del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, marcó un nuevo avance dentro del Operativo Enjambre, una estrategia federal enfocada en investigar presuntos vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos. La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la acción se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, la detención se efectuó con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y forma parte de las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Las autoridades señalaron que esta operación se suma a los trabajos de reforzamiento de seguridad implementados en Morelos desde finales de abril.
Operativo Enjambre amplía acciones en Morelos
Con la captura de Jesús Corona Damián, el Gobierno de México reportó más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos como resultado de diversas investigaciones realizadas en distintas entidades del país. Entre ellos figuran siete presidentes municipales en funciones, según datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad.
Las autoridades federales reiteraron que mantienen una política de cero impunidad frente a cualquier posible vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales. La detención del alcalde de Cuautla ocurrió después de varios días de búsqueda, ya que logró evadir inicialmente las acciones emprendidas cuando comenzó el operativo. Incluso promovió un amparo para evitar su captura, aunque dicho recurso no prosperó.
El caso adquirió relevancia desde febrero de 2025, cuando se difundió un video en el que presuntamente aparecía reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.
Cinco funcionarios fueron vinculados a proceso
Paralelamente, un juez federal vinculó a proceso a cinco personas detenidas durante las acciones del Operativo Enjambre en Morelos. La determinación judicial fue emitida luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentara elementos de prueba relacionados con presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud.
Entre los vinculados a proceso se encuentran Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla; Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla; y Pablo Adrián Portillo, oficial mayor del mismo municipio.
El juez determinó mantener la prisión preventiva oficiosa para los implicados y estableció un plazo de 15 días para el desarrollo de la investigación complementaria. Mientras tanto, la situación jurídica de Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan detenida durante los operativos del 20 de mayo, continúa sin ser precisada por las autoridades federales.
Más de 70 servidores públicos detenidos
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, el Operativo Enjambre se consolidó como una de las principales estrategias federales dirigidas a investigar estructuras municipales señaladas por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con actividades delictivas.
De acuerdo con los balances presentados por Omar García Harfuch, la operación acumula más de 70 servidores públicos detenidos y alrededor de 20 sentencias derivadas de procesos judiciales relacionados con las investigaciones. Entre los detenidos figuran alcaldes, exfuncionarios, mandos policiales y operadores municipales de distintas regiones del país.
La primera fase del operativo se desarrolló el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fueron ejecutadas acciones simultáneas en varios municipios. Uno de los casos más relevantes fue la detención de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, junto con diversos mandos de seguridad pública local.
Posteriormente, las investigaciones se extendieron a entidades como Morelos, Jalisco y Michoacán, donde las autoridades federales continuaron ejecutando órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos. Las indagatorias se apoyaron en inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión patrimonial y trabajo de campo coordinado entre instancias federales y estatales.
En estos operativos participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías estatales, con el propósito de fortalecer las investigaciones y reducir riesgos de filtración durante las acciones de seguridad.
