El Juez Archiva el Procedimiento Contra 46 Policías por las Cargas del 1-O en Barcelona Gracias a la Ley de Amnistía

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha decidido archivar el procedimiento judicial abierto contra 46 agentes de la Policía Nacional implicados en las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, a raíz de la aplicación de la ley de amnistía recientemente aprobada.

Según la resolución judicial, “la amnistía debe ser aplicada a los investigados en el presente procedimiento, ya que las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo”. Esta explicación subraya que las acciones de los agentes estaban circunscritas a la ejecución de una operación policial específica, que cesaron inmediatamente después de su cumplimiento, sin prolongarse más allá de las maniobras necesarias para entrar y salir de los colegios electorales.

El magistrado también puntualizó que “ninguno de los hechos objeto de este procedimiento, excluyendo la causación de lesiones que, como se ha dicho, están amnistiadas sin duda alguna, superó el umbral de gravedad necesario para excluir la aplicación de la LO 1/24”. Además, comparó la gravedad de los hechos con los límites de exclusión del artículo 2.a) de la ley de amnistía, que permite amnistiar delitos de lesiones con penas potenciales de hasta 5 años de prisión según los artículos 147 y 148 del Código Penal.

La resolución concluye que las penas previstas en el artículo 175 del Código Penal, aplicables en este caso como delito de atentado contra la integridad moral, no superarían los 4 años de prisión, lo que las hace claramente amnistiables bajo la nueva legislación. “Por lo tanto, siendo las penas previstas en el artículo 175 del Código Penal no superiores a los 4 años de prisión, claramente deben considerarse estos hechos igualmente amnistiables”, finaliza el juez en su dictamen.

Esta decisión judicial cierra un capítulo controvertido de las consecuencias legales del 1-O, al aplicar la ley de amnistía para eximir de responsabilidad penal a los agentes investigados por las cargas policiales durante el referéndum independentista en Cataluña.

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