En una carta revelada antes de su sentencia, Genaro García Luna acusa a AMLO de destruir la democracia y buscar encarcelar opositores de su gobierno.
A tan solo un día de conocer su sentencia, programada para el 16 de octubre, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha lanzado una fuerte acusación contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En una carta dirigida al juez Brian Cogan, y revelada el 15 de octubre por el periodista Arturo Ángel, García Luna argumentó que el actual gobierno de México está “desmantelando el Poder Judicial” y atacando a quienes se opusieron a la Cuarta Transformación, entre ellos él mismo.
El ex funcionario, quien durante el sexenio de Felipe Calderón fue conocido como el “súper policía”, sostiene que su país está sumido en una “gran convulsión” política. Acusa directamente a López Obrador de manipular la estructura judicial, afirmando que la reciente reforma, promovida por el gobierno, constriñe las libertades individuales de los ciudadanos y aleja al país de la democracia.

Acusaciones contra AMLO y desmantelamiento del Poder Judicial
García Luna menciona que México está atravesando un momento crítico, refiriéndose a la reciente suspensión de relaciones diplomáticas oficiales entre México y Estados Unidos, según él, como un acto que pone en riesgo la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional. “México está entrando a una etapa muy peligrosa”, advirtió en su misiva.
En este contexto, señala que el gobierno actual busca encarcelar a quienes, como él, se opusieron a los supuestos aliados políticos del narcotráfico. Esta referencia directa a una posible persecución política se suma a su denuncia de que la reforma judicial promueve una erosión de las libertades y derechos fundamentales.
Recapitulación de su carrera y logros
En su defensa, García Luna apeló a su trayectoria como funcionario público, destacando los numerosos premios y reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera. Aseguró que ha sido entrenado en las más importantes agencias de seguridad e inteligencia en Estados Unidos, Europa y México, afirmando que ningún otro mexicano ha recibido tantas condecoraciones por su labor en el combate al narcotráfico y al terrorismo.
“Es impensable que, teniendo ese nivel de responsabilidad y control sobre información de Estado, pudiera estar vinculado al crimen organizado”, escribió, calificando tales acusaciones como “inconcebibles” y carentes de fundamento. En su carta, el ex secretario también compartió detalles sobre su vida personal, desde sus padres hasta su matrimonio e hijos, en un intento por humanizar su figura y generar empatía ante la inminente sentencia.
Condiciones en prisión y apelación final
García Luna también relató las duras condiciones que ha enfrentado desde su arresto el 9 de diciembre de 2019, cuando fue recluido en el MDC Brooklyn en Nueva York. Describió situaciones extremas como haber sido testigo de homicidios y apuñalamientos, además de haber sufrido contagio de COVID-19. “He sido segregado casi un año en celdas de castigo sin violar ninguna norma”, afirmó, denunciando tratos inhumanos durante su encarcelamiento.
A pesar de estas adversidades, el ex funcionario asegura que su estancia en prisión ha sido “un reflejo” de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida. A pocos días de conocer su destino, García Luna pidió al juez Cogan que tome en cuenta todos los factores expuestos, incluyendo lo que él considera información falsa aportada por el gobierno de México y los testimonios de criminales que, según él, han sido cómplices de una campaña en su contra.
“Le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se contemplen todos los factores que dieron origen a este juicio”, finalizó García Luna, insistiendo en que nunca ha representado un riesgo o amenaza para la comunidad.
Con la fecha del juicio acercándose, las declaraciones de García Luna no solo buscan influir en su sentencia, sino también generar una narrativa en torno a su figura, proyectando una imagen de víctima de una persecución política, en lugar de la de un exfuncionario caído en desgracia.
