Integrantes del Cártel de Sinaloa aseguran tener pruebas comprometedoras contra Rubén Rocha Moya.

Posibles nexos entre el gobernador de Sinaloa y El Mayo Zambada causan polémica y alarma

El estado de Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad que se agrava cada día, con una alarmante ola de homicidios, desapariciones y robos que afectan tanto a la población urbana como rural. En este contexto de violencia exacerbada, nuevos señalamientos involucran directamente al gobernador Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, aumentando la tensión en una región ya marcada por el miedo y la incertidumbre.

Según una entrevista reciente de un integrante de “La Mayiza” –facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael “El Mayo” Zambada–, Rocha Moya habría sostenido reuniones con el capo y otros líderes del grupo criminal. En la entrevista transmitida por el canal de YouTube Grillonautas, el miembro del cártel afirmó que poseen evidencias que demostrarían los vínculos entre el gobernador y Zambada, entre ellas fotografías y videos de una supuesta reunión en 2021. Además, anticipó que revelarán el material antes de fin de año, junto con una carta del propio Zambada, quien, según el miembro de La Mayiza, estaría dispuesto a hablar públicamente sobre la relación entre el gobernador y su organización.

El entrevistado destacó que el enlace clave entre Rocha Moya y el cartel es Joaquín Méndez, identificado como el chofer y secretario personal del gobernador. Méndez, originario de La Tuna (ciudad natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán), habría gestionado reuniones entre el gobernador y Zambada, incluyendo la del 25 de julio, en la que supuestamente estuvo presente Héctor Melesio Cuén Ojeda, exsecretario de Salud del estado. Este encuentro coincide con el mismo día que Rocha Moya alegaba haber viajado a Los Ángeles con su familia, una versión cuestionada por el periodista Luis Chaparro, quien afirma que no hay constancia de tal desplazamiento.

Ante estas acusaciones, Rocha Moya se ha defendido señalando que enfrenta una campaña de desprestigio impulsada por quienes desean desestabilizar su administración, calificando los señalamientos como “infundados” y sin pruebas. Rocha Moya también ha desestimado los rumores sobre su participación en reuniones con narcotraficantes, afirmando que sus opositores buscan erosionar su mandato sin sustento real.

Solicitud de revocación de mandato

La crisis de violencia en Sinaloa y las graves acusaciones han motivado al Colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa, liderado por Rafael Morgan Ríos, exsecretario de la Función Pública, a presentar una solicitud de revocación de mandato en contra del gobernador. Argumentan que la gestión de Rocha Moya no ha logrado frenar la inseguridad y ha permitido que el crimen organizado gane terreno en el estado.

Rocha Moya ha respondido a esta solicitud, afirmando que quienes buscan su destitución deberían reflexionar sobre su propio desempeño en el pasado, particularmente Morgan Ríos, quien fue funcionario durante el mandato de Felipe Calderón y nunca cuestionó presuntos casos de corrupción en la administración, como el del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sinaloa confirmó que analizará la solicitud y, si cumple con los requisitos legales, permitirá la recolección de firmas. Para que proceda la revocación, el colectivo debe reunir al menos el 10% de la lista nominal del estado, equivalente a más de 240,000 firmas distribuidas en 11 municipios.

El gobernador incluso se mostró desafiante y aseguró: “Si no son capaces de reunir el número de firmas que establece la ley para dar curso al inicio de la revocación de mandato, yo los ayudo para que las junten”.

Escenario de inseguridad y desconfianza

En medio de estos hechos, Sinaloa enfrenta una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha derivado en una escalada de violencia, incluso en lugares que antes parecían seguros. Esta lucha se ha intensificado desde el presunto secuestro y entrega de El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio, en un acto que algunos atribuyen a la facción de Los Chapitos, liderada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

Con la publicación inminente de supuestas pruebas, el panorama se torna aún más crítico. La aparente colaboración de funcionarios estatales con el crimen organizado resalta las profundas redes de corrupción y complicidad que atraviesan a las autoridades locales, situación que mantiene en vilo a la sociedad sinaloense, atrapada entre el miedo a la violencia y la desconfianza hacia sus líderes.