La reforma judicial de AMLO enfrenta críticas internacionales; expertos alertan sobre las graves implicaciones para la democracia mexicana y la estabilidad económica en Norteamérica.
La reciente confrontación diplomática entre México y Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre el futuro del Estado de Derecho en México, un país que históricamente ha enfrentado grandes desafíos en la consolidación de sus instituciones democráticas. La preocupación se centra en el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para llevar a cabo una reforma judicial que, según críticos y expertos internacionales, podría desmantelar la independencia del poder judicial y poner en riesgo tanto la democracia mexicana como la estabilidad económica en la región.
El jueves pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió una contundente declaración en la que expresó su inquietud por las reformas propuestas por AMLO, calificándolas como “un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia mexicana”. Esta declaración no fue bien recibida por el presidente mexicano, quien respondió de manera tajante en su conferencia matutina del viernes, calificando la intervención de Salazar como una “falta de respeto a nuestra soberanía”. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió una carta de protesta al gobierno estadounidense, exigiendo que no se inmiscuyan en lo que consideran “asuntos internos del Estado mexicano”.
Sin embargo, las repercusiones de la reforma judicial trascienden las fronteras nacionales. La preocupación manifestada por el embajador Salazar se extiende más allá del ámbito político, abarcando también aspectos económicos críticos para la región. La integración económica entre México y Estados Unidos, formalizada en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), podría verse gravemente afectada si se aprueban estas reformas. La confianza de los inversores en el marco jurídico mexicano es fundamental para la estabilidad económica y la continuidad de las relaciones comerciales entre los países vecinos.
El plan de López Obrador incluye, entre otras medidas, la destitución de todos los miembros actuales del poder judicial federal, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, y su reemplazo mediante elecciones masivas en 2025 y 2027. Esta propuesta ha generado una oleada de críticas, tanto a nivel nacional como internacional, con expertos que advierten que esto podría facilitar la politización del sistema judicial y aumentar el riesgo de corrupción. Además, se contempla una ampliación de la lista de delitos que podrían llevar a la imposición de prisión preventiva obligatoria, una medida que ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos.
No es solo Estados Unidos quien ha expresado su preocupación. El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, también manifestó inquietudes similares, destacando que los inversores canadienses están “preocupados” por las implicaciones de estas reformas. Al igual que Salazar, Clark señaló que la estabilidad jurídica es un pilar fundamental para las relaciones comerciales y la confianza inversora.
Dentro de México, la respuesta no se ha hecho esperar. Jueces, magistrados y empleados de los tribunales federales han iniciado huelgas en protesta contra las reformas, mientras que la Federación Latinoamericana de la Magistratura ha solicitado una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir lo que consideran “el estado crítico de la independencia judicial en la región”. La preocupación no es infundada, ya que muchos ven en esta reforma un intento de López Obrador por consolidar el poder, debilitando así los contrapesos democráticos.
A pesar de las críticas, AMLO parece decidido a avanzar con su plan, respaldado por su partido, Morena, que cuenta con una abrumadora mayoría en el Congreso y está a solo tres votos de lograr una modificación constitucional en el Senado. Su sucesora designada, Claudia Sheinbaum, hasta ahora ha apoyado el plan, aunque algunos observadores señalan que su falta de independencia política podría comprometer su propio mandato.
La comunidad internacional, incluyendo organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, ha instado al presidente mexicano a reconsiderar su enfoque y a centrarse en fortalecer las fiscalías, consideradas el eslabón más débil del sistema de justicia en México. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, advirtió que la politización del poder judicial solo aumentará el riesgo de corrupción, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la democracia en México.
En un contexto en el que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es vital para la estabilidad económica de la región, la preocupación expresada por los embajadores Salazar y Clark no solo es legítima, sino necesaria. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia, y su debilitamiento podría tener consecuencias de largo alcance no solo para México, sino para toda América del Norte.