La ministra sostuvo que la experiencia profesional puede sustituir la formación dentro de la carrera judicial en el Poder Judicial.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, volvió a colocarse en el centro del debate público al cuestionar abiertamente la importancia de la carrera judicial como requisito para ejercer funciones jurisdiccionales. Durante una sesión de sus denominados “Círculos de Estudio”, sostuvo que la preparación obtenida mediante ese esquema no era indispensable para desempeñarse como persona juzgadora y utilizó como ejemplo la integración de la nueva SCJN, cuyos nueve integrantes no desarrollaron una trayectoria dentro de dicho sistema.
La ministra afirmó que es falso que las nuevas personas juzgadoras necesiten haber pasado por la carrera judicial para ejercer sus responsabilidades dentro del Poder Judicial. Sus declaraciones se producen en un contexto marcado por la discusión nacional sobre los efectos de la reforma judicial de 2024, que modificó profundamente los mecanismos tradicionales para seleccionar jueces, magistrados y ministros en México.
Debate por la reforma judicial
Durante décadas, la carrera judicial fue considerada uno de los pilares institucionales del Poder Judicial de la Federación. El sistema regulaba el ingreso, la capacitación, la evaluación, la permanencia y el ascenso del personal especializado encargado de impartir justicia en el ámbito federal.
Sin embargo, la reforma judicial de 2024 transformó ese modelo y eliminó varios de los mecanismos tradicionales de profesionalización que habían caracterizado al sistema judicial mexicano. Esta decisión generó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, integrantes de la judicatura y organismos internacionales, los cuales han advertido sobre posibles riesgos derivados de la desaparición de procesos institucionales de formación y especialización.
Frente a estas críticas, Lenia Batres defendió la reforma y argumentó que la experiencia profesional adquirida en otros ámbitos del derecho puede ser suficiente para desempeñar funciones jurisdiccionales de alto nivel.
“Terminamos la anterior corte siendo la ponencia con el rendimiento mayor del último año. No se necesitaba la carrera judicial. Habemos, en este momento, nueve ministras y ministros que no pasamos por una carrera judicial”, expresó durante su intervención.
La ministra agregó que la ausencia de una trayectoria dentro del Poder Judicial no implica falta de conocimientos jurídicos. Señaló que los integrantes de la nueva Corte cuentan con décadas de experiencia en áreas como la academia, el litigio, la administración pública y la actividad legislativa.
Nueva etapa en la Suprema Corte
Las declaraciones también ocurren en medio de la transformación institucional derivada de la reforma impulsada durante el sexenio anterior. Como parte de las nuevas disposiciones, Lenia Batres asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo comprendido entre septiembre de 2027 y 2029.
La ministra llegó al máximo tribunal en diciembre de 2023, luego de ser designada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar. Desde su nombramiento, su presencia dentro de la Corte ha estado acompañada por constantes debates debido a su cercanía con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.
Fundadora de Morena y perteneciente a una familia históricamente vinculada a la izquierda mexicana, su llegada al máximo tribunal generó cuestionamientos relacionados con posibles vínculos políticos y familiares. A pesar de ello, posteriormente logró mantenerse en el cargo tras obtener más de 5.8 millones de votos en la elección judicial, donde fue identificada como la “ministra del pueblo”.
Ese resultado le permitirá permanecer en funciones durante un periodo total de 15 años y nueve meses dentro del tribunal constitucional mexicano.

Trayectoria académica y controversias
En diversas ocasiones, Lenia Batres ha respondido a las críticas sobre su preparación profesional destacando su formación académica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la misma institución.
Además, posee una maestría en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y otra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Actualmente también es candidata a doctora en Estudios de la Ciudad y ha realizado estudios doctorales en Derecho Constitucional, elementos que suele mencionar al abordar cuestionamientos relacionados con su perfil profesional.
A lo largo de su trayectoria, la ministra ha desempeñado cargos en la administración pública, el ámbito legislativo y la asesoría jurídica. No obstante, también ha enfrentado críticas por presuntas faltas de imparcialidad, por su afinidad con el proyecto político oficialista y por sus frecuentes confrontaciones con otros integrantes del máximo tribunal del país.









