Siguiendo la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ha lanzado una reforma a la Constitución de la CDMX dirigida al Poder Judicial, con el objetivo de asegurar que prevalezcan los fines de justicia sobre las formalidades no esenciales del procedimiento.
Durante una conferencia de prensa, Batres explicó que esta reforma busca añadir un párrafo al artículo 35 del Poder Judicial, inciso A, que establece: “la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”. Además, se subrayará la importancia de los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, asegurando que las formalidades no esenciales nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social.
“La finalidad es implementar un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente para los grupos sociales y personas en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”, afirmó Batres.
El jefe de Gobierno ilustró la necesidad de esta reforma con el caso reciente de Fabián Solís ‘N’, presunto líder del grupo criminal Ronda 88, quien fue liberado junto a su hijo por orden de un juez que consideró legal el cateo realizado por la Fiscalía y la Secretaría de Marina, pero no su detención.
Batres confirmó que este martes enviará la propuesta al Congreso de la Ciudad de México para que sea enlistada y presentada en la próxima sesión extraordinaria, programada para el 18 de julio. En el evento de anuncio estuvieron presentes el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, entre otros.
Aunque la reforma propuesta por Batres no es tan radical como la que se discute a nivel nacional, sigue el espíritu del presidente López Obrador, quien ha cuestionado la liberación de presuntos integrantes del crimen organizado debido a errores procesales.
Este movimiento representa un paso significativo en la búsqueda de un sistema judicial más equitativo y eficiente en la Ciudad de México, alineándose con los esfuerzos federales para reformar la justicia en el país.