El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anuncia su renuncia a la SCJN en una carta dirigida al Senado.
En un giro sorpresivo que ha desatado reacciones en todos los niveles del ámbito político y judicial, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), efectuada en una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a los legisladores en su conjunto. La noticia, que coincide con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las pensiones vitalicias y supuestos intereses económicos tras las recientes renuncias, marca un punto crítico en medio de la polarización que ha desatado la reforma al Poder Judicial.
La carta de Ortiz Mena, cuya renuncia tomará efecto en agosto de 2025, explica sus razones para dejar el máximo tribunal de justicia en México. En el documento, el ministro expone que la naturaleza del cargo es “más que interpretar leyes”, señalando que su labor como juez está destinada a preservar la promesa de justicia dentro del marco democrático del Estado. Sin embargo, Gutiérrez Ortiz Mena hace un énfasis particular en la reforma constitucional que impulsa el gobierno, la cual altera el periodo de mandato de los ministros y, de acuerdo con él, redefine los principios de la función judicial. Esta reforma ha generado gran controversia en todos los sectores, y fue tema central en la reciente visita del ministro a la Universidad de Harvard, donde habló en un evento académico sobre las implicaciones de la reforma. Sus declaraciones provocaron reacciones de sorpresa y risas en el público, lo que desató aún más el debate en torno a su postura crítica hacia los cambios que podrían redefinir la administración de justicia en México.
La renuncia del ministro también pone de manifiesto su preocupación sobre la falta de idoneidad para un proceso de elección popular, uno de los pilares de la reforma, que contempla una mayor intervención de la ciudadanía en la designación de los jueces y ministros. En sus propias palabras, Gutiérrez Ortiz Mena consideró que, si bien cuenta con la capacidad para continuar en su rol, no se considera “apto” para someterse a una votación de este tipo. Esta afirmación se convierte en el eje de sus argumentos para dejar el cargo, pues sostiene que el modelo de elección popular, además de afectar su investidura, puede comprometer la independencia de los magistrados al subordinar el proceso judicial a intereses y tendencias políticas.
Horas antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado en su conferencia matutina que la renuncia de ministros de la SCJN podría estar relacionada con la posibilidad de obtener una pensión vitalicia completa. Según Sheinbaum, algunos ministros han manifestado intenciones de retirarse antes de la reforma constitucional, lo que les permitiría preservar sus prestaciones económicas intactas, un acto que la mandataria calificó de “conveniente” para los magistrados. Aunque no mencionó a Gutiérrez Ortiz Mena directamente, la coincidencia en los tiempos ha avivado las especulaciones y causado que el público ponga en cuestión las verdaderas razones detrás de las renuncias.
La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas discutieron la posible relación entre la postura del ministro en Harvard, su decisión de renunciar y la acusación de la presidenta sobre las prestaciones. Opiniones de legisladores y expertos del ámbito judicial han añadido perspectiva al debate, señalando que las recientes propuestas de la administración actual buscan un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial, con la intención de “democratizar” el sistema de justicia. No obstante, críticos de la reforma argumentan que la elección popular de jueces podría poner en riesgo la imparcialidad de la justicia en el país, al exponer los cargos judiciales a presiones políticas y populistas.
Con esta renuncia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se convierte en una de las primeras figuras de alto perfil en el Poder Judicial en manifestarse abiertamente contra la reforma promovida por el actual gobierno, y su salida, planeada para el próximo año, genera incertidumbre sobre posibles cambios en la estructura de la Suprema Corte y el impacto que estos podrían tener en las futuras decisiones judiciales de México.