Solicitan apoyo de Interpol por masacre y fraude en Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que solicitó apoyo para que Interpol emita una ficha roja contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien es buscado por su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua y por un presunto fraude millonario durante su administración.
La petición fue realizada a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, luego de que las autoridades obtuvieron información que apunta a que el exmandatario podría encontrarse fuera del país, por lo que se pidió la colaboración internacional para su localización y detención.
Órdenes de aprehensión vigentes
El mandatario estatal señaló que la reciente orden de aprehensión contra Silvano Aureoles fue emitida por un juez penal de Michoacán, relacionada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, donde 38 personas fueron detenidas de manera arbitraria y cuatro perdieron la vida durante un operativo policial.
Además, el exgobernador ya contaba con una orden de arresto previa por un presunto fraude de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración, que abarcó del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021. Las autoridades estatales informaron que mantienen coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para lograr su captura.
Asimismo, se detalló que la orden de aprehensión también incluye a 15 personas más, entre ellas el exsecretario de Seguridad estatal Juan Bernardo Corona y 14 policías estatales que habrían participado en los hechos.
Así ocurrió la masacre de Arantepacua
Los hechos se registraron el 5 de abril de 2017 durante un operativo policial que derivó en graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de cuatro pobladores. El caso fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió la recomendación 42VG/2020 tras investigar el despliegue de al menos 300 elementos de seguridad.
De acuerdo con la investigación, el operativo incluyó cateos ilegales en 56 domicilios, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y presuntos actos de tortura. También se reportó el uso de gases lacrimógenos, disparos y el sobrevuelo de un helicóptero durante el enfrentamiento registrado ese día.
Las autoridades indicaron que el conflicto inició tras bloqueos carreteros derivados de un problema agrario entre comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, lo que provocó la intervención de fuerzas estatales, federales y militares.
En diciembre de 2025, las autoridades realizaron diligencias en la comunidad para aplicar el Protocolo de Estambul, lo que derivó en la emisión de 16 órdenes de aprehensión contra exservidores públicos relacionados con el caso.
