Plan B de Claudia Sheinbaum plantea recortes en congresos locales, municipios y consulta electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su Plan B electoral después de que su propuesta de Reforma Electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La iniciativa únicamente recibió el respaldo de legisladores de Morena, algunos del Partido Verde y un diputado del Partido del Trabajo, mientras PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y otros grupos parlamentarios votaron en contra, lo que impidió su aprobación.
Aunque el resultado ya era previsible, la mandataria insistió en que la reforma se sometiera a votación. Explicó que su decisión respondía a un compromiso con la ciudadanía, pues había prometido enviar una iniciativa que respondiera a lo que, según su visión, la población demanda respecto al gasto político. Al mismo tiempo, sostuvo que era importante dejar constancia pública de qué fuerzas políticas se oponen a reducir los recursos destinados a partidos e instituciones electorales en un país con amplias necesidades sociales.
El argumento central del gobierno gira en torno al costo del sistema político mexicano. Claudia Sheinbaum señaló que existen gastos que considera excesivos dentro de las estructuras políticas, desde los salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral, que superan el ingreso presidencial, hasta presupuestos elevados en congresos estatales y compensaciones que reciben algunos regidores. Según expuso, en ciertos municipios estos cargos pueden recibir bonos que elevan sus ingresos hasta 500 mil pesos mensuales, una situación que calificó de difícil de justificar frente a las demandas sociales. “Al pueblo de México le parece excesivo”, reiteró la mandataria al defender su planteamiento.
Los tres ejes del Plan B electoral
Tras el rechazo en San Lázaro, la presidenta anunció que enviará una nueva propuesta legislativa el próximo lunes. El llamado Plan B electoral de Claudia Sheinbaum se estructura en tres ejes principales que buscan reducir gastos políticos, pero sin trasladar los ahorros al gobierno federal, sino a los propios estados y municipios.
El primer eje propone establecer topes al presupuesto de los congresos locales. Para explicar la medida, la presidenta presentó un ejemplo que ilustra las diferencias de gasto entre entidades con características similares. Baja California y Colima cuentan con el mismo número de diputados locales, 25 cada uno. Sin embargo, el costo por legislador alcanza 34.8 millones de pesos en Baja California, mientras en Colima es de 5.1 millones. La propuesta consiste en fijar un límite máximo al gasto legislativo estatal, que podría calcularse como porcentaje del presupuesto del estado o en función de su población. De acuerdo con la mandataria, el dinero que se ahorre permanecería en cada entidad para financiar obras públicas.
El segundo eje plantea reducir el número de regidores en los municipios, una medida que, según la presidenta, permitiría liberar recursos que podrían destinarse directamente a mejorar servicios básicos en las ciudades. Sheinbaum explicó que el ahorro se quedaría en los propios ayuntamientos para atender necesidades cotidianas como bacheo, drenaje o alumbrado público, insistiendo en que la intención es que el beneficio llegue de forma directa a las comunidades.
El tercer eje busca ampliar el alcance de la consulta popular en temas electorales. Actualmente, la legislación mexicana prohíbe someter asuntos electorales a consulta ciudadana, pero la propuesta presidencial pretende abrir esa posibilidad en temas específicos, como los montos de financiamiento que reciben los partidos políticos. Además, el plan plantea flexibilizar la revocación de mandato, permitiendo que este mecanismo pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no exclusivamente en el cuarto año como ocurre actualmente.
La presidenta también explicó que el Plan B electoral incluye revisar el gasto del Senado de la República, ya que, según los datos presentados por su gobierno, el costo por legislador en esa cámara supera el promedio nacional. En contraste, aseguró que la Cámara de Diputados se encuentra dentro de ese promedio.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gobierno federal, las medidas planteadas podrían generar un ahorro cercano a 4 mil millones de pesos. Ese dinero, insistió Sheinbaum, no se transferiría a la federación, sino que permanecería en los estados y municipios para financiar obra pública, infraestructura local y servicios básicos.
La mandataria sostuvo que el rechazo legislativo no representa necesariamente una derrota política para su gobierno. Según su interpretación, la votación permitió evidenciar qué partidos se oponen a reducir los gastos del sistema político, mientras que el nuevo planteamiento abre la discusión en espacios como congresos locales y municipios, donde Morena cuenta con mayor presencia política.
Al cerrar su posicionamiento, Claudia Sheinbaum reiteró el enfoque que, dijo, guía a su administración. “Si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados”, afirmó al adelantar que el Plan B electoral de Sheinbaum será presentado formalmente el lunes, mientras el debate político sobre la reducción del gasto electoral continúa abierto.
