La desaparición de siete órganos autónomos, aprobada por la Cámara de Diputados, busca redirigir recursos a programas sociales, pero genera preocupación sobre la concentración de poder en el Ejecutivo.
En un paso significativo hacia la centralización del poder en el gobierno federal, la Cámara de Diputados aprobó este viernes, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el proyecto de decreto para la eliminación de siete organismos autónomos. Esta medida forma parte del paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 5 de febrero. Según el Ejecutivo, la desaparición de estos órganos podría generar un ahorro considerable, que se destinaría a programas sociales como las pensiones para adultos mayores.
Órganos eliminados y reasignación de funciones
Entre los organismos afectados se encuentra la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuyas funciones de promoción de la competencia y regulación de prácticas monopólicas serán absorbidas por la Secretaría de Economía. Esta decisión ha generado preocupación entre expertos y empresarios, quienes temen que la concentración de estas atribuciones en una sola dependencia reduzca la independencia necesaria para asegurar una competencia justa en los mercados.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, verá sus competencias trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta medida ha suscitado críticas por el posible impacto en la libertad de expresión y la pluralidad de medios, áreas en las que el IFT ha desempeñado un papel crucial.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quizás el organismo más emblemático de los que se pretende eliminar, transferirá sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del Poder Legislativo y Judicial. La transparencia de los partidos políticos, en tanto, quedará bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE). La desaparición del INAI ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten sobre un retroceso en materia de derechos ciudadanos y acceso a la información pública.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que desempeña un papel crucial en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales, verá sus funciones asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta medida podría comprometer la objetividad y la capacidad técnica con la que CONEVAL ha operado hasta ahora, afectando la calidad de las decisiones en política social.
En el sector energético, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) desaparecerán, con sus atribuciones transferidas a la Secretaría de Energía. Esto centralizaría aún más la toma de decisiones en el sector, un movimiento que ha sido cuestionado por su posible impacto en la competitividad y la sostenibilidad del sector energético mexicano.
Finalmente, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) será absorbida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que podría limitar la independencia en la evaluación de las políticas educativas, una función crucial para garantizar la calidad del sistema educativo en México.
Justificación del gobierno y oposición a la reforma
El gobierno de AMLO justifica esta medida argumentando que la eliminación de estos organismos permitirá reducir gastos innecesarios y que los recursos ahorrados, calculados en más de 32 mil millones de pesos entre 2018 y 2024, podrían ser mejor utilizados en programas sociales. Los defensores de la reforma sostienen que este dinero podrá beneficiar directamente a sectores vulnerables de la población, como los adultos mayores.
Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad mexicana. Críticos de la reforma advierten que la eliminación de estos órganos autónomos podría debilitar los mecanismos de control y balance de poder, concentrando un mayor poder en el Ejecutivo y comprometiendo la transparencia, la competencia económica y la independencia en la regulación de sectores clave.
Conclusión
A medida que la reforma avanza, el país se enfrenta a una encrucijada que definirá el futuro de su estructura institucional. Mientras el gobierno federal apuesta por una mayor eficiencia y centralización, la preocupación por el equilibrio de poderes y la independencia de los organismos autónomos persiste como un tema de relevancia en la agenda nacional.