En Campeche, la indignación y el clamor por justicia han estallado en las calles, donde miles de ciudadanos se han unido en una protesta masiva, ahora en su tercer día consecutivo, exigiendo la destitución de Marcela Muñoz como Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y marcando un “voto de castigo” contra la gobernadora Layda Sansores. La manifestación del domingo congregó a una multitud estimada en más de ocho mil personas, según reportes de medios locales.
La protesta, que inició alrededor de las 17:00 horas en el monumento al asta bandera del malecón de la ciudad, ha sido el epicentro de una creciente ola de descontento que ha mantenido a la Policía Estatal en huelga por más de una semana.
Entre pancartas y consignas, los manifestantes, que incluían familiares de los policías y ciudadanos solidarios, exigieron la renuncia de Marcela Muñoz con gritos de “¡Fuera Marcela!” y “¡Somos pueblo, no partido!”, mientras que a la gobernadora Layda Sansores la tildaron de “traidora” y corearon “El pueblo pone y el pueblo quita”. Los participantes destacaron que la destitución de la secretaria de Seguridad Pública es un asunto de justicia, no de capricho, como se ha insinuado desde la administración estatal.
La ira ciudadana se desencadenó tras un violento motín en el penal de Kobén, donde más de 30 agentes resultaron heridos. A pesar de las demandas de destitución por parte de los policías estatales afectados, la gobernadora ratificó en su cargo a Muñoz Martínez, lo que desencadenó la huelga de seguridad que paralizó la región. La crisis se profundizó con las acusaciones de Sansores hacia partidos de oposición, a quienes señaló de alimentar las protestas para desestabilizar políticamente a la entidad.
En el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que su bancada solicitará un proceso de desaparición de poderes en Campeche, argumentando un estado de ingobernabilidad bajo la administración de la gobernadora Sansores. La senadora Cecilia Sánchez García negó rotundamente la participación de partidos de oposición en la financiación de las protestas, criticando a la gobernadora por intentar desviar la atención de su mala gestión.
Mientras tanto, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, expresó su solidaridad con las agentes de policía de Campeche que fueron agredidas y abusadas sexualmente durante el motín en el penal de Kobén. Gálvez criticó la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública de enviar a las policías a controlar el motín sin el equipo necesario ni las condiciones de seguridad adecuadas, y señaló un aumento de la violencia en Campeche, anteriormente considerado el estado más seguro del país.
La situación en Campeche refleja una creciente preocupación por la seguridad pública y la gestión gubernamental en el estado, mientras los ciudadanos continúan exigiendo respuestas y acciones concretas para abordar la crisis en curso.
