Expertos advierten sobre los peligros de enviar a las Fuerzas Armadas al epicentro del crimen organizado
La estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el despliegue de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, un estado identificado como bastión del Cártel de Sinaloa. La decisión responde a la necesidad de reducir los índices delictivos y frenar la guerra entre facciones criminales. Sin embargo, para analistas en seguridad como David Saucedo, la medida también supone un riesgo por el poder corruptor del narcotráfico.
Omar García Harfuch, encargado de la estrategia de seguridad del gobierno federal, enfatizó que no habrá diálogo con el crimen organizado, pues considera que cualquier negociación con estos grupos es un “espejismo”. En su visión, la única manera de disminuir la violencia es detener a quienes la generan. Aun así, la presencia de militares en zonas de alta incidencia delictiva ha demostrado en el pasado que la corrupción puede permear incluso a las instituciones más disciplinadas del país.
Un precedente peligroso: Los Zetas
El caso del Cártel del Golfo y la formación de Los Zetas es un claro ejemplo de cómo el narcotráfico ha logrado infiltrar y seducir a miembros de las Fuerzas Armadas. En la década de 1990, un grupo de élite del Ejército Mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), desertó para convertirse en brazo armado del cártel, consolidándose como una de las organizaciones criminales más violentas de México. Esta historia se erige como una advertencia para las autoridades que hoy apuestan por la militarización de Sinaloa.
Recientemente, en Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, fue señalado en narcomantas de haber recibido millonarios sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque las autoridades han negado las acusaciones, Morán dejó su cargo el 31 de enero de 2025, en medio de la polémica. En Sinaloa, la corrupción se denuncia a través de otros métodos: avionetas han lanzado volantes acusando a funcionarios de proteger a facciones criminales, mientras que videos de interrogatorios forzados exponen presuntas complicidades entre criminales y autoridades.
La postura de Estados Unidos
El conflicto en Sinaloa ha despertado preocupación en el gobierno de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, en su segundo mandato, evalúa la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Este debate podría traer consigo un endurecimiento de las políticas de seguridad binacionales e incluso justificar una mayor intervención estadounidense en territorio mexicano.
El dilema de la militarización
Mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que la presencia de las Fuerzas Armadas es clave para restaurar la paz, expertos como Saucedo advierten que el narcotráfico tiene un historial de infiltración y corrupción dentro de las instituciones. El desafío radica en evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad, reforzando mecanismos de transparencia y control dentro del aparato de seguridad estatal.
El debate sigue abierto: ¿es posible derrotar al narcotráfico sin que el sistema se corrompa en el proceso?