Washington amplía medidas contra GAESA y entidades vinculadas al régimen cubano.
La sanción de Estados Unidos a Cuba se amplió este martes con nuevas medidas dirigidas contra entidades que generan ingresos para el régimen de La Habana. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que las acciones incluyen a empresas vinculadas con el conglomerado militar GAESA y a integrantes relacionados con la estructura de poder cubana.
Nuevas medidas contra la red financiera del régimen
A través de un comunicado del Departamento de Estado, Rubio señaló que GAESA continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad del régimen cubano. Entre las entidades sancionadas se encuentran dos instituciones financieras vinculadas al conglomerado y una empresa de logística que, según Washington, ejecuta órdenes del gobierno en toda la isla.
Las sanciones también alcanzan a dos entidades relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos. Entre ellas figura la empresa estatal cubana GeoMinera. Rubio afirmó que estas organizaciones generan ingresos que terminan fortaleciendo las actividades del régimen dentro y fuera de Cuba.
El funcionario estadounidense también anunció sanciones contra la esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido designado previamente bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
Según Rubio, las entidades y personas señaladas financian, facilitan o se benefician de actividades que Washington considera perjudiciales para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
GAESA, el principal objetivo de Washington
Las nuevas acciones forman parte de una estrategia que busca limitar las fuentes de financiamiento del gobierno cubano. El mes pasado, Estados Unidos ya había sancionado a GAESA, a su directora y a la empresa minera Moa Nickel, una compañía mixta con participación canadiense.
Las medidas coincidieron con la salida de la firma canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba. Analistas interpretaron ese movimiento como una señal del impacto que las presiones estadounidenses comienzan a tener sobre socios extranjeros del régimen.
La orden ejecutiva firmada por Trump amplió el alcance de las sanciones a entidades extranjeras vinculadas con sectores estratégicos de Cuba, incluyendo energía, defensa, seguridad y finanzas.
El principal blanco sigue siendo GAESA, conglomerado empresarial ligado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. De acuerdo con estimaciones citadas por el Departamento de Estado, controla cerca del 40 por ciento de la economía cubana.
La organización participa en sectores como turismo, comercio minorista, remesas, logística y servicios financieros. Su estructura fue creada en 1995 durante el llamado Período Especial impulsado por Raúl Castro.
Con el paso de los años, el conglomerado se convirtió en una de las estructuras económicas más influyentes de la isla. Diversos análisis sostienen que opera con una autonomía considerable y sin mecanismos públicos de auditoría.
La oposición respalda la presión sobre La Habana
El líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer consideró que las nuevas medidas representan un fortalecimiento de la política de máxima presión contra el gobierno cubano.
Ferrer recordó que durante 2026 Washington ha incrementado las acciones contra funcionarios, empresas estatales y estructuras vinculadas con la represión. Entre ellas mencionó las sanciones aplicadas a CUPET, la empresa estatal de petróleo y gas.
El opositor sostuvo que estas decisiones afectan directamente las fuentes de recursos utilizadas para sostener los mecanismos de control y vigilancia del régimen. También destacó medidas previas como la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton y las restricciones a operaciones relacionadas con GAESA.
Según Ferrer, la presión internacional debe enfocarse en limitar los recursos del aparato estatal y aumentar el apoyo directo a la población cubana. Añadió que la democratización de la isla requiere acciones coordinadas de otros países y organismos internacionales.
El ex preso político afirmó que cada sanción dirigida contra las empresas y estructuras económicas del régimen acerca la posibilidad de cambios políticos en Cuba y fortalece las demandas de respeto a los derechos humanos y liberación de presos políticos.
