Gobierno de Sheinbaum intentará frenar impacto económico del nuevo arancel
El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció que iniciará negociaciones con Estados Unidos para revisar el nuevo arancel impuesto al cobre.
El anuncio se dio luego de que la administración de Joe Biden estableciera un arancel de 25% a la importación de cobre procedente de México, medida que impacta directamente a empresas del norte del país. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, confirmó que se buscará entablar diálogo con el gobierno estadounidense para evitar afectaciones mayores a la industria nacional.
Industria mexicana en alerta ante nuevo impuesto
La funcionaria explicó que este arancel se originó por una disputa comercial con China. Según dijo, Washington acusa a Beijing de enviar cobre a Estados Unidos a través de países intermedios como México, aprovechando los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
México niega rotundamente esa práctica y sostiene que su industria del cobre opera conforme a los términos del tratado.
Buenrostro detalló que el gobierno ya solicitó información detallada a las empresas mexicanas que comercian cobre con Estados Unidos. El objetivo es comprobar que el mineral exportado tiene origen nacional y que no es producto del llamado “triangulaje”.
Sheinbaum instruye máxima atención al tema
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum instruyó al equipo económico a “hacer todo el esfuerzo” para resolver el tema con Washington.
Destacó que su administración se mantiene en constante comunicación con los representantes comerciales de Estados Unidos, a quienes se les explicará el funcionamiento de la industria del cobre mexicana.
El gobierno mexicano argumenta que el sector tiene altos estándares de trazabilidad y producción local.
Afectaciones a empresas del norte del país
Las principales afectadas por esta medida serán las compañías ubicadas en el norte, especialmente en Sonora, donde se concentra gran parte de la extracción y procesamiento del cobre.
Raquel Buenrostro aseguró que estas empresas colaborarán con el gobierno para comprobar la legalidad y origen del mineral.
Además, subrayó que México continuará defendiendo sus intereses comerciales ante cualquier acción que contravenga los acuerdos del T-MEC.
El proceso de negociación apenas comienza, y el gobierno federal confía en lograr una solución favorable antes de que el nuevo arancel entre en plena vigencia.
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