La SCJN acordó reducir en casi un 50% el sueldo de los ministros para 2025, en respuesta a medidas de austeridad.
En una decisión histórica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó reducir el sueldo de las y los ministros en casi un 50% a partir de 2025, una medida enmarcada en la política de austeridad del tribunal. La decisión, adoptada por mayoría en sesión del 24 de octubre, forma parte del proyecto de presupuesto anual aprobado para el próximo ejercicio, el cual será presentado al Ejecutivo Federal antes del 5 de noviembre. Este presupuesto reduce el gasto general de la SCJN a 5,922.9 millones de pesos, una cifra menor a la destinada en 2024.
De acuerdo con el proyecto, el salario de las y los once ministros pasará de 5.5 millones de pesos brutos anuales a 2.8 millones, una decisión respaldada por diez votos a favor y un voto en contra. La ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se opuso a la medida, expresó que esta reducción no representa una auténtica austeridad. Batres criticó la iniciativa señalando que, a pesar del ajuste, los ministros seguirán percibiendo un monto superior al del salario presidencial, lo cual contraviene el marco constitucional.
Reducción salarial y ajustes en el Consejo de la Judicatura Federal
Además del recorte a los salarios de los ministros, otros 330 altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal también verán sus remuneraciones reducidas, como parte de los esfuerzos de la SCJN por racionalizar el gasto. En el comunicado oficial, la SCJN mencionó que la reducción en las remuneraciones de ministros y personal de mando responde al cumplimiento de lo establecido en el artículo Séptimo transitorio del decreto de reformas al Poder Judicial, que exige la alineación de sueldos en organismos autónomos a la política de austeridad.
Lenia Batres, sin embargo, reiteró su oposición a la medida a través de redes sociales, argumentando que el nuevo esquema salarial no elimina el total de conceptos inconstitucionales. “Se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras. No se transparenta la totalidad de conceptos que la integran”, publicó la ministra, subrayando que el pago de riesgos fue suprimido, pero que persisten conceptos prohibidos expresamente por la ley.
Un presupuesto austero para un Poder Judicial fortalecido
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentó el presupuesto con una reducción significativa del 23.7% en relación con el año 2018, cifra que, según la SCJN, se deriva de una revisión exhaustiva de las necesidades del tribunal. De los 5,922.9 millones de pesos contemplados, el 80% se destinará a servicios personales, atendiendo así la importancia del capital humano para la impartición de justicia.
El presupuesto para 2025 incluye, además, una reducción real del 4.1% en el gasto de servicios personales, lo cual no afectará los derechos laborales de los empleados del tribunal, conforme al artículo Décimo transitorio del decreto de reforma. A pesar de los recortes presupuestales impuestos en 2024, que redujeron los recursos de la SCJN en 321.9 millones de pesos, el nuevo presupuesto se diseñó en función de los recursos indispensables para cumplir con las funciones del tribunal.
El diseño de esta reducción presupuestaria toma en cuenta las 3,805 plazas vigentes, dos terceras partes de las cuales corresponden a personal jurisdiccional y de apoyo. Según la SCJN, el enfoque está en mantener una operatividad eficaz con el mínimo gasto posible, alineando sus políticas a los parámetros de austeridad desde el año 2023.
Controversia por alegada censura
La ministra Batres también denunció presuntos actos de censura tras sus críticas públicas, indicando que sus comentarios en torno a la aprobación del presupuesto y los ajustes salariales fueron objeto de restricciones. Esta controversia se ha hecho presente en la opinión pública, en momentos en que el Poder Judicial enfrenta demandas de mayor transparencia y eficiencia en el manejo de sus recursos.