El presidente estadounidense endurece su postura contra el narcotráfico y la inmigración irregular
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su postura contra el narcotráfico y la inmigración irregular, acusando al gobierno de México de mantener una “alianza” con los cárteles de la droga. En respuesta, ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, y del 10% a los productos provenientes de China. Esta medida permanecerá vigente hasta que, según la administración estadounidense, estos países cooperen en la lucha contra el fentanilo y otras drogas.
Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Trump ha promovido una diplomacia agresiva contra el crimen organizado y la migración irregular. En una declaración oficial, la Casa Blanca sostuvo que “estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”.
La administración republicana también ha acusado al gobierno mexicano de proporcionar “refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte” de drogas, señalando al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La crisis del fentanilo ha sido una de las principales preocupaciones de la administración Trump. Este opiáceo sintético, 50 veces más potente que la heroína, es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, según datos de las autoridades sanitarias de EE.UU.
Una estrategia de presión económica
La orden ejecutiva firmada este sábado por Trump establece que los aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas y canadienses permanecerán vigentes “hasta que estos países cooperen plenamente con Estados Unidos en la lucha contra las drogas”. La medida también incluye a China, con un arancel del 10%, en respuesta a su supuesta falta de acción contra la producción y exportación de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.
En su comunicado, la Casa Blanca acusó al gobierno de Xi Jinping de “subvencionar a las empresas químicas chinas para que exporten fentanilo” y de “desempeñar un papel central en la crisis de opioides”.
Trump justificó esta decisión a través de redes sociales, asegurando que “esto se hizo debido a la gran amenaza de inmigrantes ilegales y drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo”. Agregó que su prioridad es “proteger a los estadounidenses y garantizar su seguridad”.
La respuesta de México
Mientras en Washington se hacía el anuncio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participaba en un acto público en Chicoloapan, Estado de México. Aunque no se refirió directamente a las acusaciones, reiteró que la economía de México es “muy poderosa y fuerte” y que su gobierno está preparado para cualquier medida.
“Cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto. Somos iguales con todas las naciones del mundo. México es un país libre y soberano”, declaró Sheinbaum.
Días antes, la mandataria había asegurado que su administración tiene un plan de contingencia para responder a las decisiones de Estados Unidos, destacando que su equipo económico cuenta con estrategias para mitigar cualquier impacto negativo en el comercio bilateral.
La imposición de aranceles podría afectar significativamente la economía mexicana, dado que Estados Unidos es el principal socio comercial del país. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum señala que buscará mantener el diálogo y la diplomacia para evitar mayores afectaciones.
Escalada de tensiones
La relación entre ambos países podría verse aún más tensionada si la administración Trump decide avanzar con la designación de los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” (FTOs, por sus siglas en inglés). Esta medida permitiría a EE.UU. tomar acciones más drásticas contra los grupos criminales, incluyendo operaciones militares directas en territorio mexicano, una posibilidad que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y diplomáticos.
El impacto de estas acciones podría redefinir la relación bilateral entre México y Estados Unidos en los próximos meses, con consecuencias que afectarían el comercio, la cooperación en seguridad y la política migratoria.