La decisión genera incertidumbre legal y debate político sobre la seguridad nacional.
En su primer día de gobierno tras asumir la presidencia el 20 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa por 75 días la aplicación de una ley federal que prohíbe el uso de TikTok en Estados Unidos. La medida busca ganar tiempo para evaluar soluciones que equilibren la seguridad nacional con la continuidad de la popular plataforma, utilizada por 170 millones de estadounidenses.
La ley, promulgada en abril de 2024 por el expresidente Joe Biden, exige que TikTok, propiedad de ByteDance, sea vendida a un propietario no chino para operar en el país. Aprobada con respaldo bipartidista, la normativa responde a preocupaciones de seguridad nacional, ante la posibilidad de que el gobierno chino acceda a los datos de los usuarios o difunda propaganda.
Con esta decisión, Trump instruyó al fiscal general a no tomar acciones legales para hacer cumplir la prohibición. Sin embargo, la orden ejecutiva genera dudas sobre su capacidad legal para anular la aplicación de una ley federal que ya ha entrado en vigor.
Impacto económico y cultural
Durante el fin de semana, TikTok fue retirada de las tiendas de aplicaciones, generando preocupación entre sus millones de usuarios, incluidos creadores de contenido e influencers que dependen económicamente de la plataforma. Aunque el servicio fue restaurado el domingo tras el anuncio de Trump, los nuevos usuarios aún no pueden descargarla.
En sus declaraciones, Trump sugirió que Estados Unidos debería recibir “la mitad de TikTok” si se concreta una venta, estimando que la plataforma podría valer un billón de dólares. Esta postura contrasta con su intención en 2020 de prohibirla completamente, reflejando un cambio hacia una actitud más favorable.
Debate sobre el poder presidencial
La decisión ha avivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo frente al legislativo. Algunos expertos legales cuestionan si Trump tiene autoridad para suspender la aplicación de la ley, mientras que las empresas tecnológicas afectadas, como Apple y Google, enfrentan incertidumbre sobre su papel en la implementación de estas normativas.
Por su parte, TikTok argumenta que la ley vulnera los derechos de expresión tanto de la empresa como de sus usuarios bajo la Primera Enmienda. Aunque la Corte Suprema respaldó la validez de la ley en diciembre, la compañía mantiene su lucha legal.
Con millones de usuarios pendientes de una solución definitiva, la controversia sobre TikTok promete mantenerse en el centro del debate político y legal en Estados Unidos.