La universidad denuncia violación a su autonomía y el derecho a saber de la sociedad.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha anunciado que detendrá las investigaciones relacionadas con la autoría de la tesis profesional de Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La decisión se produce tras un fallo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ordenó a la universidad cesar cualquier procedimiento que pudiera vulnerar los derechos de la ministra. La resolución ha sido calificada por la UNAM como una violación a su autonomía y al derecho de la sociedad a conocer la verdad.
En un comunicado difundido el pasado 13 de diciembre, la máxima casa de estudios expresó su inconformidad con el fallo judicial, argumentando que representa una “interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y la legislación universitaria”. Además, la institución subrayó que el fallo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a saber, fundamentales tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general.
Polémica por supuesto plagio
El caso de la ministra Yasmín Esquivel ha estado en el centro de la controversia desde que, en diciembre de 2022, el escritor Guillermo Sheridan publicó una investigación en Latinus, donde acusaba a la ministra de haber plagiado su tesis de licenciatura. Según Sheridan, el trabajo de Esquivel, titulado Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123, Apartado A, contenía párrafos idénticos a los de otra tesis presentada un año antes por el exalumno Edgar Ulises Báez.
La polémica se agravó cuando se reveló que Martha Rodríguez Ortiz, la directora de tesis de ambos trabajos, habría tenido conocimiento de las similitudes, lo que apuntaría a una posible complicidad en el presunto fraude académico. Sheridan afirmó en su investigación: “No queda sino suponer que la directora de tesis Rodríguez Ortiz y la pasante Esquivel Mossa obraron de común acuerdo en la elaboración del fraude”.
Respuesta de la UNAM y tensiones legales
Desde el inicio del escándalo, la UNAM, a través de su Comité Universitario de Ética (CUETICA), había investigado el caso, concluyendo que existían elementos suficientes para cuestionar la originalidad de la tesis de Esquivel. Sin embargo, los procedimientos se encontraron con múltiples obstáculos legales. En enero de este año, la UNAM denunció ante la Fiscalía General de la República al juez José Manuel Salazar Uribe por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, alegando que el juez había impedido el avance de los litigios relacionados con la investigación.
El reciente fallo judicial que ordena la suspensión de la investigación se suma a estos obstáculos. Aunque la UNAM ha señalado que acatará la resolución en estricto apego al Estado de Derecho, enfatizó que la intervención de tribunales ajenos a la academia pone en riesgo la capacidad de las universidades para autorregularse y defender su integridad académica.
Reacciones y debate público
El caso ha reavivado el debate sobre la autonomía universitaria y la ética en el sistema judicial. Expertos en derecho y académicos han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión indebida del Poder Judicial en un ámbito que corresponde exclusivamente a la universidad.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y analistas han señalado que la suspensión de la investigación mina la confianza en las instituciones públicas, incluyendo el sistema judicial y la Suprema Corte de Justicia, a la que pertenece Esquivel.
La ministra, quien ha negado las acusaciones desde el inicio, se mantiene en su cargo, a pesar de los cuestionamientos y del impacto reputacional que el caso ha generado. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones respecto al fallo del tribunal.
Impacto en la UNAM y en la sociedad
El conflicto pone en entredicho la capacidad de las instituciones educativas para garantizar la ética académica y su independencia frente a otros poderes. Para la UNAM, el caso no solo afecta su reputación, sino que también compromete su misión de defender los principios de transparencia y responsabilidad social.
En tanto, la comunidad universitaria y la sociedad mexicana observan con atención los desarrollos de este caso, que podría sentar un precedente sobre la relación entre la autonomía académica y el sistema judicial en México.