Crecen tensiones políticas y sociales tras asesinato del alcalde de Uruapan
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, uno de los pocos hombres del poder que en Michoacán se atrevió a denunciar públicamente las condiciones de vida que en esa entidad impone el crimen organizado, crece mediáticamente y deja al descubierto la descarnada realidad que viven cotidianamente millones de mexicanos, pero llega también a la oficina del presidente Donald Trump quien, a través de su vocera Karoline Leavitt, dijo tener respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aseguró que su administración está “presionando continuamente a México para que haga más para combatir el narcotráfico y a los cárteles dentro de su país”.
La opinión pública parece acostumbrarse a ver como algo cotidiano el asesinato de sus alcaldes, con 10 ejecutados durante la gestión de Sheinbaum Pardo y 7 en la del también morenista Alfredo Ramírez Bedolla, señalado por tener nexos con el Cártel de Los Viagras, grupo que mantiene a raya a citricultores, aguacateros y ganaderos de la región de Tierra Caliente.
Protestas y descontento social
El homicidio de Manzo Rodríguez desató protestas en Morelia donde en el patio de Palacio de Gobierno un grupo de jóvenes fue sometido por elementos de la Guardia Civil del estado, en Apatzingán donde pobladores prendieron fuego al edificio del ayuntamiento, como parte del “movimiento del sombrero” que en calles y universidades exige la salida del gobernador Ramirez Bedolla y que se pretende apagar con el acuerdo para que Grecia Quiroz sustituya a su esposo como alcaldesa. En busca de evadir su responsabilidad y señalar a otros como autores de la violencia que crece, particularmente en Michoacán, la presidenta Sheinbaum volvió a la fórmula de usar la conferencia mañanera para acusar a Felipe Calderón, pero deja de lado la pésima actuación de ex gobernadores como Lázaro Cárdenas Batel, en cuya administración de 2002 a 2008 se disparó la inseguridad a tal nivel que en septiembre de 2006 fueron arrojadas cinco cabezas humanas en un tugurio de Uruapan, por lo que tuvo que pedir auxilio al propio Calderón, con todo y su guerra contra el narco.
Al gris gobierno del hijo del ingeniero Cárdenas Solórzano le siguió el de Leonel Godoy, recordado por los nexos de su hermano Julio César con La Familia Michoacana, bajo las órdenes de Servando Gómez, La Tuta, encargado de las redes de protección institucional de ese grupo criminal y operador en la región de Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Arteaga.
Tampoco se hace mención al abandono en que dejaron a Michoacán los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cuya política de “abrazos, no balazos” no sólo llevó al país a un nivel de muertos y desaparecidos sin precedente desde la Revolución de principios del siglo pasado, sino que ha permitido que al menos cuatro grupos criminales sigan operando en absoluta impunidad contra los sectores productivos que deben pagar fortunas en narcoimpuestos para poder mantener en activo los huertos de aguacate y cítricos, principalmente.
Exigencia de una estrategia real
Es decir, la paternidad del mar de sangre en Michoacán es variopinta, y es también responsabilidad de gobiernos locales y federales desde hace más de dos décadas. Ahora toca ver cómo se aplicará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” anunciado por la jefa del Ejecutivo, en espera de que se trate de una estrategia nueva porque en 2014 Enrique Peña Nieto presentó el fallido plan “Michoacán, juntos lo vamos a lograr” para hacer frente a la proliferación de autodefensas que derivaron en más grupos delincuenciales.
Esperamos una estrategia coordinada, incluyente, alejada de fobias partidistas y personales que no han ayudado a las víctimas. Proteger a ultranza funcionarios incompetentes y omisos porque son de la misma filiación política, repartir dinero a jóvenes sin empleo y enviar más tropas a no hacer nada, no ha dado resultados. Eso sí, culpar visceralmente a los adversarios del “movimiento”, atacar furiosamente y censurar a medios y periodistas es un camino conocido pero inútil contra la realidad que mata en Michoacán y en todo el país. Siete años de “atender las causas y buscar justicia” no han sido suficientes, urgen soluciones, ya.
-Una presunta líder ejidal en Hidalgo, Ana María Hernández Aguirre, se pone de rodillas ante los chinos de Time Ceramics. ¿A cambio de qué? Se ha tomado la atribución de hablar a nombre de todos los ejidatarios de la región del Valle de Apan, tratando de minimizar los alcances del amparo obtenido por Gumaro Zamorano, que impide a Time Ceramics la explotación de los pozos de agua que se encuentran en el predio de la fábrica de pisos y losetas. ¿A cambio de qué?, cuando está en juego la distribución de agua potable del municipio de Emiliano Zapata. ¿Acaso Hernández Aguirre ha sido omisa del descarado robo de agua que a diario realizan los chinos en perjuicio de la comunidad? ¿No le han avisado a la presunta líder ejidal que decenas de pipas se forman afuera de Time Ceramics para surtir del vital líquido y seguir fabricando losetas? “Ejidataria” convertida en huachicolera, por faltarle al respeto a la ley. Un juez admitió un amparo contra la violación al uso de suelo agrícola, protegido por un Decreto Federal. La señora no es la autoridad. Si Time Ceramics estuviera dentro de la ley, ya tendría sus concesiones de agua o permisos para abastecerse con pipas. No tiene ni una ni otra, porque no cumple con la ley. Así de simple. -Y sigue la mata dando: ahora fue Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a quien Estados Unidos revocó su visa e investiga por contrabando de combustible, lavado de dinero y su participación en una red de empresas del contraalmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, prófugo por huachicol fiscal.
