Sheikh Hasina, la primera ministra de Bangladesh, ha marcado un hito al convertirse en la líder que más tiempo ha gobernado este país del sur de Asia desde que asumió el poder en 2009. Reelegida para un cuarto mandato en enero, su reciente victoria ha sido empañada por acusaciones de irregularidades electorales y represión de la disidencia.
Las elecciones de enero, boicoteadas por los principales partidos de la oposición, suscitaron dudas sobre la libertad y justicia del proceso electoral. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la celebración democrática de los comicios, miles de opositores fueron encarcelados antes de la votación, lo que incrementó las críticas hacia el régimen de Hasina.
Bangladesh, una nación de mayoría musulmana con más de 160 millones de habitantes, se encuentra en una posición estratégica entre India y Myanmar. Bajo el liderazgo de Hasina, el país ha experimentado un crecimiento económico significativo, pero su administración ha sido acusada repetidamente de utilizar las instituciones del Estado para consolidar el poder y suprimir la oposición. Grupos de derechos humanos han denunciado ejecuciones extrajudiciales de activistas y opositores, señalando un deterioro en el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos.
Las tensiones en Bangladesh se intensificaron con la reintroducción de un controvertido sistema de cuotas que reservaba el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos de la guerra de independencia de 1971. A pesar de que el máximo tribunal del país anuló este plan, las protestas estallaron y se intensificaron a lo largo de las semanas.
Desde el inicio de las movilizaciones el 1 de julio, al menos 300 personas han perdido la vida, incluidos 14 policías, según un recuento de AFP basado en informes de la policía, autoridades y médicos en hospitales. Además, más de 11.000 personas han sido detenidas en las últimas semanas. La violencia y los disturbios también han llevado al cierre de escuelas y universidades en todo el país, y en un momento dado, las autoridades impusieron un toque de queda con órdenes de disparar a los infractores.
Los manifestantes han llamado a la “no cooperación”, instando a la población a no pagar impuestos ni facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar los domingos, un día laborable en Bangladesh. A pesar de estos llamamientos, las oficinas, bancos y fábricas han abierto, aunque los viajeros en Dacca y otras ciudades han enfrentado dificultades para llegar a sus lugares de trabajo.
La gestión de Hasina ha suscitado un debate intenso tanto a nivel nacional como internacional. Mientras sus partidarios destacan sus logros económicos y su habilidad para mantener la estabilidad en una región volátil, sus críticos alertan sobre un creciente autoritarismo y la erosión de las libertades democráticas en Bangladesh.