Hoy se cumple una década de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Las promesas de justicia de Andrés Manuel López Obrador permanecen sin cumplirse, generando críticas a su administración.
Este 26 de septiembre marca el décimo aniversario de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de México y el mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Diez años después, las familias siguen sin obtener respuestas claras, mientras las investigaciones, promesas y disputas políticas continúan ensombreciendo el caso.
La desaparición que conmocionó a México
Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la ciudad de Iguala para recaudar fondos y asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, en su camino, fueron interceptados por la policía municipal de Iguala bajo las órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca, quien los acusó de intentar boicotear un evento de su esposa.
La tragedia no se limitó a la desaparición de los normalistas. El saldo también incluyó la ejecución de seis personas, entre ellas tres estudiantes, uno de los cuales fue brutalmente torturado y desollado, así como 40 heridos. Desde esa noche, el rastro de los estudiantes desapareció, y con él, se abrió una herida profunda en el país.
La ‘verdad histórica’ y su rechazo
En enero de 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) bajo la dirección de Jesús Murillo Karam presentó la llamada “verdad histórica”, una versión que apuntaba a que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero, por un grupo del crimen organizado que los habría confundido con rivales.
Sin embargo, esta versión fue duramente criticada y rechazada por las familias de los estudiantes, quienes desde el primer momento exigieron la aparición con vida de sus hijos. Los defensores de derechos humanos, entre ellos el Centro Prodh y Tlachinollan, al igual que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desacreditaron esta versión tras concluir que los cuerpos de los estudiantes no fueron incinerados en Cocula ni arrojados al río San Juan, como se había señalado.
A pesar de los múltiples esfuerzos y avances en las investigaciones, solo se ha logrado identificar los restos de tres de los estudiantes: Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. El destino de los otros 40 jóvenes sigue siendo incierto, dejando a sus familias en un limbo doloroso y sin respuestas.
AMLO y el compromiso de justicia
Durante su campaña presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de esclarecer el Caso Ayotzinapa. Uno de sus 100 compromisos fue investigar a fondo la desaparición de los normalistas y garantizar justicia a las familias. La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), encabezada por Alejandro Encinas, representó una esperanza para los afectados.
En 2022, con el noveno aniversario de la tragedia, Encinas desacreditó por completo la “verdad histórica” de Murillo Karam, revelando pruebas de manipulación y omisión por parte de las autoridades, así como la implicación del crimen organizado dentro de la propia policía. Sin embargo, la intervención del Ejército en la desaparición de los normalistas, denunciada por defensores y activistas, ha sido un tema especialmente incómodo para López Obrador.
La defensa del Ejército y el ataque a los defensores
López Obrador, quien ha fortalecido considerablemente al Ejército durante su mandato, otorgándole responsabilidades civiles como la Guardia Nacional y proyectos como el Tren Maya, ha resistido a admitir cualquier responsabilidad castrense en el caso. Incluso cuando el GIEI presentó su último informe en México, el presidente desestimó las acusaciones contra los militares, argumentando que “no es real”.
Las tensiones escalaron cuando AMLO atacó públicamente a los abogados de los centros Prodh y Tlachinollan, quienes desde el inicio han señalado la posible participación del Ejército en los hechos. En diciembre de 2023, López Obrador criticó a los defensores, acusándolos de “celebrar” la liberación de detenidos implicados en la desaparición de los normalistas, al tiempo que seguían acompañando a las familias en su lucha por justicia.
El Centro Prodh negó rotundamente las acusaciones del presidente, destacando que su labor ha sido siempre en defensa de las familias y sus derechos. “Las descalificaciones de AMLO responden a nuestra denuncia sobre la impunidad y el encubrimiento del Ejército”, replicaron, destacando la persistencia de la tortura en la investigación original que dio lugar a la ‘verdad histórica’.
Un compromiso pendiente
A pocos meses de finalizar su gobierno, López Obrador reconoció que de los 100 compromisos que asumió al inicio de su mandato, el número 89 —el esclarecimiento del Caso Ayotzinapa— sigue sin cumplirse. En un contexto político marcado por las críticas hacia su administración, AMLO ha delegado la continuación de las investigaciones a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia en los próximos días.
A 10 años de los hechos, el país sigue esperando una respuesta definitiva que traiga verdad y justicia a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Las promesas de López Obrador, que alguna vez representaron esperanza, hoy se ven empañadas por la falta de avances y el enfrentamiento con los defensores de derechos humanos.