Las grabaciones muestran conversaciones sobre posibles reuniones con presuntos intermediarios estadounidenses relacionadas con la cancelación de su visa.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda volvió a quedar en el centro de la atención pública tras la difusión de dos nuevos audios en los que presuntamente conversa con intermediarios que se identifican como enlaces de autoridades de Estados Unidos. Las grabaciones, dadas a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, muestran conversaciones sobre posibles reuniones en Panamá y Tijuana relacionadas con el proceso derivado de la cancelación de su visa.
Audios muestran propuestas para reuniones en Panamá y Tijuana
De acuerdo con la información publicada por El Universal, en la primera grabación un presunto intermediario informa a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que una reunión fue autorizada para finales de agosto en Panamá. Según la conversación, la decisión habría sido tomada conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El interlocutor explica que Panamá fue considerado un territorio neutral para evitar que el encuentro se realizara en México o en Estados Unidos. Durante la conversación, la mandataria pregunta si sus abogados podrían acompañarla. El intermediario responde que consultaría esa posibilidad con sus superiores dentro del DHS.
En ese mismo audio, la gobernadora expresa que las reglas y procedimientos le generan inquietud porque no los conoce. También señala que permanecería disponible para dar seguimiento al tema con el apoyo de su representación legal.
La segunda grabación contiene fragmentos en español e inglés. En ella, uno de los interlocutores explica que inicialmente se propuso realizar la reunión en Panamá y posteriormente en Ciudad de México, debido a que presuntamente HSI y el FBI buscaban mantener el proceso en un territorio neutral y con absoluta reserva para evitar filtraciones a la prensa.
Posteriormente, otro interlocutor, identificado únicamente como integrante del equipo de contacto con el FBI, pregunta a la gobernadora si prefería reunirse con representantes de esa agencia en Tijuana o en Miami por razones logísticas. La mandataria responde que prefería Tijuana, tras lo cual el intermediario afirma que el encuentro sería directamente con el FBI en esa ciudad.
La gobernadora insiste en que su abogado participe
En otro fragmento de la conversación difundida, el interlocutor pregunta a Marina del Pilar Ávila Olmeda si desea que primero contacten a su abogado o si prefiere comunicarse directamente con él.
La gobernadora responde, combinando español e inglés, que prefiere que su abogado sea quien reciba inicialmente la información. Explica que posteriormente analizaría junto con su representante legal la decisión que consideraran más conveniente para el caso.
El interlocutor coincide con ese procedimiento y señala que, después de finalizar la llamada, establecería comunicación con el FBI para continuar el proceso mediante el abogado de la mandataria.
El caso se suma a las grabaciones difundidas previamente
La difusión de estos nuevos audios ocurre un día después de que Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmara públicamente que seguirían apareciendo fragmentos de conversaciones privadas. La gobernadora ha sostenido que fue víctima de una trampa organizada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien, según su versión, la puso en contacto con los presuntos intermediarios bajo el argumento de que podrían ayudarla a recuperar su visa.
Asimismo, ha calificado las grabaciones como una manipulación y ha asegurado que fueron sacadas de contexto con fines políticos. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni el Departamento de Estado de Estados Unidos, ni el FBI han confirmado oficialmente la existencia de las reuniones mencionadas en los audios. Tampoco existe un pronunciamiento específico de la gobernadora sobre estos nuevos fragmentos.
Las grabaciones se suman a las difundidas previamente por el mismo columnista, en las que se atribuye a la mandataria disposición para compartir información relacionada con las mesas estatales de seguridad. Sobre ese material, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalaron anteriormente que no existían elementos para considerar la comisión de un delito, al sostener que el contenido conocido hasta ese momento no evidenciaba la filtración de información confidencial ni comprometía la seguridad nacional o estatal.
