La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este 5 de octubre explicaciones al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, después de que ambos iniciaran la construcción de una academia policial en Querétaro sin conocimiento de la Cancillería ni del gabinete federal de seguridad. El episodio importa porque la cooperación con agencias extranjeras requiere coordinación institucional y controles públicos.
Academia policial en Querétaro arrancó sin coordinación federal
La colocación de la primera piedra ocurrió el 2 de octubre en el Complejo de Seguridad Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. Según informó El País, al acto no fueron convocadas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional ni las áreas del gabinete de seguridad encargadas de revisar la colaboración internacional.
Sheinbaum pidió a la Cancillería contactar tanto a Kuri como a Johnson. La mandataria sostuvo que la capacitación y la entrega de equipo por parte de otros países pueden realizarse, pero deben tramitarse por la vía diplomática y contar con la opinión de las autoridades federales de seguridad. Su señalamiento no equivale, por ahora, a una acusación penal: al preguntarle si el gobernador había violado la ley, respondió que hasta ese momento no estaba establecido y que el caso debía revisarse.
El reclamo exhibe una falla básica de coordinación. La ceremonia presentó el proyecto como una iniciativa ya encaminada, aunque el Gobierno federal —responsable de la política exterior y participante central de la estrategia nacional de seguridad— dijo no haber recibido aviso. El contraste resulta relevante en un momento en que ambos países destacan la cooperación contra el tráfico de drogas y armas, asunto que también ha marcado los encuentros recientes con el secretario estadounidense Marco Rubio, como documentó Enrique Muñoz News.
El proyecto estatal ya tenía inversión y calendario
La información difundida durante el arranque describe una obra de más de 30 millones de pesos, con 1,084 metros cuadrados y fecha prevista de terminación para la primera mitad de enero de 2027. Tendría tres estaciones especializadas, patio de maniobras, laboratorio, almacenes, oficinas y zonas para revisar vehículos.
El objetivo declarado es capacitar a corporaciones en detección e interdicción de drogas peligrosas, armas, dinero y operaciones relacionadas con contrabando. Johnson la presentó como la primera instalación de su tipo en México y América Latina. Kuri, por su parte, defendió la profesionalización policial y la colaboración transfronteriza. Esas posiciones ofrecen la justificación oficial del proyecto, pero no responden a la objeción posterior sobre el procedimiento seguido antes de anunciarlo públicamente.
El antecedente de otros esquemas binacionales muestra por qué la ruta institucional es relevante. La participación de personal militar estadounidense en ejercicios dentro de México, por ejemplo, ha requerido decretos y autorizaciones federales específicas, según el seguimiento de este medio. No se trata de equiparar jurídicamente ambos casos, sino de recordar que la cooperación en seguridad necesita reglas, responsables y límites verificables.
Permisos y controles siguen sin respuesta
La controversia deja preguntas concretas: qué convenio sustenta la academia, cómo se reparte el financiamiento, qué agencias estadounidenses impartirán cursos, quién custodiará la información obtenida durante las prácticas y qué mecanismos evaluarán a instructores y participantes. Tampoco se ha detallado si habrá protocolos para intercambio de datos, uso de equipo especializado o revisión de resultados.
Hasta la mañana del 5 de octubre no se había difundido una respuesta detallada de Kuri o de la Embajada al reclamo presidencial. Político MX consignó que la Presidencia espera una revisión antes de determinar responsabilidades. Con la información pública disponible no es posible afirmar que la academia sea ilegal; sí puede sostenerse que su lanzamiento sin coordinación federal abrió un problema de rendición de cuentas que exige documentos, competencias y controles claros antes de avanzar.







