Un tribunal federal de Brooklyn sentenció a cuatro años de prisión al exoperador petrolero Javier Aguilar por esquemas de sobornos de Vitol en México y Ecuador. La fiscalía estadounidense sostuvo que se pagó más de un millón de dólares para obtener contratos energéticos valuados en más de 500 millones, incluidos acuerdos vinculados con una filial de Pemex.
La sentencia por los sobornos de Vitol
La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York informó el 18 de septiembre que Aguilar, de 52 años y residente de Houston, deberá cumplir 48 meses de cárcel. La resolución también ordenó el decomiso de 7.13 millones de dólares y el pago de una multa de 100 mil dólares. Al concluir la pena, será deportado a México, según el comunicado oficial.
Aguilar fue declarado culpable por un jurado en febrero de 2024 por su participación en un esquema relacionado con Ecuador. Después se declaró culpable por un caso separado de sobornos en México. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las maniobras incluyeron empresas fachada, contratos ficticios y pagos canalizados mediante cuentas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.
La agencia Reuters reportó que la fiscalía había solicitado una condena de 12 años, mientras que la defensa pidió evitar la prisión. El juez finalmente impuso cuatro años. Aguilar puede apelar la sentencia.
El vínculo con contratos de Pemex
La parte mexicana del expediente se concentró en Pemex Procurement International, filial de Petróleos Mexicanos con sede en Houston. Los fiscales señalaron que Aguilar y otros participantes pagaron alrededor de 600 mil dólares a dos funcionarios de esa compañía para conseguir contratos de suministro de etano por cientos de millones de dólares.
El fallo no significa que Pemex haya sido condenada ni establece responsabilidad penal de toda la empresa. La sentencia se dirige al exoperador y describe pagos a funcionarios específicos. Tampoco sustituye las investigaciones que pudieran corresponder a autoridades mexicanas. El antecedente resulta relevante porque ocurre mientras la petrolera enfrenta presión por sus resultados: el gobierno mexicano ha pedido elevar la producción de Pemex y mantiene abierta la discusión sobre su desempeño operativo.
Vitol reconoció en 2020 que empleados y agentes pagaron sobornos en Brasil, Ecuador y México. La empresa aceptó un acuerdo coordinado con autoridades estadounidenses y brasileñas que incluyó una sanción penal de 135 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. La acusación y condena de 2024 detallaron el mecanismo de lavado y la participación de intermediarios.
Qué implica el caso para el comercio energético
El expediente muestra cómo la contratación internacional de combustibles y materias primas puede quedar expuesta a intermediarios, empresas opacas y pagos difíciles de rastrear. También subraya el alcance de las leyes estadounidenses cuando las operaciones pasan por bancos, compañías o territorios bajo su jurisdicción.
Para México, el caso añade presión sobre los controles de integridad en las compras y ventas internacionales de Pemex. La transparencia cobra mayor importancia ante cambios en la estrategia energética, incluida la apertura del plan petrolero a inversión privada y la búsqueda de capital para elevar producción e infraestructura.
La fiscalía estadounidense señaló que siete participantes en tramas relacionadas ya se declararon culpables y que, en conjunto, los implicados han entregado más de 63 millones de dólares. La sentencia de Aguilar cierra una etapa relevante del proceso, pero el caso seguirá siendo referencia para evaluar controles corporativos, cooperación judicial y riesgos de corrupción en el mercado energético regional.
Crédito de imagen: Beyond My Ken / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Palacio de Justicia Federal Theodore Roosevelt, Brooklyn, sede de la corte que dictó la sentencia.






