La comparecencia de García Harfuch ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se realizó este 8 de octubre a puerta cerrada en San Lázaro. El secretario de Seguridad reportó una baja de 53% en el promedio diario de homicidios y miles de detenciones, aunque reconoció pendientes en desapariciones, extorsión y violencia contra las mujeres.
La comparecencia de García Harfuch y las cifras del balance
Omar García Harfuch presentó ante los coordinadores parlamentarios los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026. De acuerdo con el balance oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en esos 23 meses fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, incluidos 207 objetivos prioritarios.
El funcionario también reportó el aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego, 534 toneladas de droga y la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para producir metanfetaminas. La cifra central del informe fue la reducción del promedio diario de homicidios dolosos: pasó de 86 víctimas al inicio del gobierno a 40 en agosto de 2026, una disminución de 53%, según la medición federal.
Se trata de datos presentados por el propio gobierno. El resumen difundido después de la reunión no incluyó un anexo metodológico nuevo ni un desglose estatal que permitiera evaluar en qué regiones se concentró la mejoría. Tampoco detalló cuántas de las detenciones reportadas se tradujeron en vinculaciones a proceso o sentencias. Ese matiz es relevante en un sistema donde el éxito operativo debe contrastarse con resultados judiciales, como muestra el reciente proceso contra un presunto operador de huachicol fiscal.
Persisten extorsión, desapariciones y violencia de género
García Harfuch admitió que la búsqueda de personas desaparecidas, el combate a la extorsión y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres exigen mayores esfuerzos y resultados concretos. La aceptación de esos pendientes contrasta con el volumen de operativos informado y obliga a separar los aseguramientos inmediatos de los efectos sostenidos sobre la seguridad cotidiana.
En materia de extorsión, la SSPC asegura que la estrategia nacional ha permitido detener a 2 mil personas en 29 estados. Sin embargo, el delito conserva capacidad de adaptación, incluida la suplantación de identidades con nuevas tecnologías, como documentó la reciente red de extorsión con inteligencia artificial desarticulada en Metepec. La comparecencia no ofreció públicamente indicadores sobre denuncias, cifra negra, reparación del daño ni reducción de llamadas extorsivas.
Reunión privada y focos rojos para las elecciones de 2027
La rendición de cuentas duró casi tres horas, pero se limitó a integrantes de la Jucopo debido al carácter sensible de la información. Tras el encuentro, García Harfuch atendió a medios y explicó que el gabinete federal y el Instituto Nacional Electoral ya revisan riesgos de infiltración criminal en las elecciones de 2027.
Según la cobertura de La Jornada, participaron en ese análisis la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei; la fiscal general, Ernestina Godoy; la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia. El secretario dijo que se identifican focos rojos y que las acciones serán anunciadas más adelante.
El funcionario también rechazó tener una agenda electoral rumbo a 2030 y sostuvo que su prioridad son los delitos que siguen afectando a la población. La respuesta ocurrió después de que el senador Manuel Velasco lo mencionara como posible aspirante presidencial. Para la supervisión legislativa, el punto central seguirá siendo si los datos agregados presentados por la SSPC pueden traducirse en información verificable sobre judicialización, víctimas atendidas y resultados por entidad.
La sesión privada permitió discutir asuntos de seguridad nacional, pero redujo la posibilidad de conocer qué preguntas formularon las bancadas y cuáles fueron las respuestas completas. El gobierno difundió un balance; la rendición de cuentas pendiente consiste en publicar datos comparables y periódicos que permitan medir no sólo operativos, sino también impunidad, victimización y acceso efectivo a la justicia.







