Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Eneas De Troya/Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un decreto sobre redes sociales que obligará a las plataformas a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos o dañinos. Sin embargo, el texto final aún no aparece en el Diario Oficial de la Federación y la propia presidenta reconoció que, por ahora, no se contemplan sanciones, dos vacíos que impiden medir su alcance real.
La medida fue anunciada el 9 de octubre en Palacio Nacional, después de episodios de violencia escolar en Coahuila y Querétaro que, según el Gobierno, incluyeron comunicaciones y exposición a contenidos violentos en internet. La Presidencia prevé publicarla el martes o miércoles y afirma que entrará en vigor la próxima semana.
Decreto sobre redes: obligaciones anunciadas
El comunicado de la Presidencia señala que las plataformas deberán detectar y retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, conductas ilícitas y material sexual explícito cuando puedan llegar a menores.
El proyecto también contempla clasificación estricta por edad, herramientas de supervisión parental, configuraciones de privacidad y seguridad activadas de forma predeterminada, mecanismos visibles de denuncia y un punto de contacto disponible permanentemente para autoridades investigadoras. Las empresas tendrían que preservar evidencia, entregar información requerida y alertar de inmediato cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, precisó que el alcance se concentrará en contenidos públicos y no en comunicaciones cifradas privadas. Aseguró que existe diálogo con las plataformas y que estas ya retiran millones de publicaciones mediante sistemas automatizados. Esa colaboración, dijo, servirá para ampliar y homologar los tipos de riesgo que deben identificar.
Sin sanciones y con el texto final pendiente
La principal limitación reconocida por el propio Ejecutivo es que, “por lo pronto”, no se prevén sanciones por incumplimiento. La versión estenográfica de la conferencia también consigna que la Consejería Jurídica seguía revisando el documento para asegurar que permaneciera dentro de las atribuciones presidenciales y determinar si después será necesaria una ley.
Durante la mañana del 11 de octubre, el decreto todavía no estaba disponible en el Diario Oficial. Sin su articulado no es posible saber qué autoridad verificará el cumplimiento, qué plazos tendrán las empresas, cómo se resolverán errores de moderación ni qué mecanismo permitirá impugnar la eliminación de contenido legítimo. Tampoco se conoce el método concreto para identificar la edad de los usuarios sin ampliar innecesariamente la recopilación de datos personales.
El vacío resulta relevante porque México ya discute iniciativas legislativas más amplias sobre entornos digitales. El Sistema de Información Legislativa registra una propuesta que plantea verificación de edad, representante legal de plataformas extranjeras, informes de transparencia y límites al tratamiento de datos biométricos. El decreto anunciado no sustituye ese debate parlamentario.
Protección infantil frente a libertad de expresión
Retirar explotación sexual infantil, amenazas o contenidos que promuevan autolesiones responde a un fin legítimo y urgente. El reto está en definir con precisión categorías abiertas como “odio”, “conductas ilícitas” o “violencia”, para evitar decisiones automáticas opacas. La discusión también se cruza con antecedentes sobre sanciones que han reabierto el debate sobre censura y con la obligación gubernamental de justificar cualquier restricción a la expresión.
La iniciativa aparece, además, mientras la seguridad pública enfrenta otros pendientes reconocidos por el Gobierno, incluidos extorsión y desapariciones, expuestos en la reciente comparecencia de Omar García Harfuch. La protección de menores requiere coordinación con escuelas, familias, fiscalías y servicios de salud mental; responsabilizar únicamente a los algoritmos dejaría sin atender esas causas.
El decreto sobre redes podrá evaluarse cuando se publique su versión definitiva. Hasta entonces, la promesa es obligatoria en el discurso oficial, pero su capacidad de ejecución, supervisión y rendición de cuentas permanece pendiente.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
