Una marcha por agua limpia reunió este domingo a miles de personas en Guadalajara. El contingente partió de la Glorieta La Minerva y llegó a Casa Jalisco, donde hubo forcejeos, gases lacrimógenos, chorros de agua y detenciones. El conflicto importa porque el gobierno había prometido una movilización segura y aún no existe un saldo oficial definitivo ni evidencia pública suficiente que despeje las dudas sobre el suministro.
Marcha por agua limpia escala frente a Casa Jalisco
La movilización del 11 de octubre avanzó desde La Minerva hacia la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. EFE calculó una asistencia de alrededor de 10 mil personas, mientras otros medios hablaron de miles de participantes. La diferencia obliga a tratar la cifra como una estimación y no como un conteo oficial.
Al llegar a Casa Jalisco, un grupo intentó retirar las vallas colocadas alrededor del inmueble. El Informador reportó que algunas personas arrojaron piedras, ramas, botellas y otros objetos contra los policías. Los agentes respondieron con chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
EFE informó de al menos nueve detenciones, cuatro personas cuyo paradero no había sido aclarado y decenas de lesionados, incluidos representantes de medios. Esas cifras procedían de organizaciones y asistentes; al cierre de esta nota, el gobierno estatal no había difundido un balance completo con nombres, condición jurídica de los detenidos y número verificado de heridos.
La promesa de seguridad quedó bajo escrutinio
Un día antes de la protesta, Lemus dijo que había instruido garantizar una marcha ordenada y segura. También reconoció la molestia de la población y su derecho a manifestarse. El uso posterior de gases y chorros de agua no prueba por sí solo una orden de represión, pues la confrontación incluyó agresiones contra agentes, pero sí exige explicar los protocolos aplicados, la proporcionalidad de la fuerza y la situación de cada persona detenida.
Expansión documentó que policías antimotines bloquearon el avance en las inmediaciones de Casa Jalisco y que familias, mujeres y adolescentes se apartaron de la zona de enfrentamientos. La presencia de población no involucrada en los choques vuelve indispensable que la autoridad publique videos, partes médicos y registros de detención.
La protesta nació por reportes persistentes de agua turbia, amarillenta y con mal olor en distintas colonias. El gobierno atribuyó el problema al deterioro de la infraestructura y a descargas irregulares en el sistema que alimenta la presa Las Pintas. Su respuesta incluye suspender temporalmente esa fuente y aplicar tandeos durante varios meses, una decisión que puede mejorar la calidad, pero reducirá el caudal disponible.
Agua segura y cuentas claras siguen pendientes
El reto no termina con cerrar una fuente de abastecimiento. Se requieren resultados de laboratorio con fecha, puntos de muestreo y parámetros comparables; un calendario de reparación; información sobre pipas y tandeos, y mecanismos para atender daños. En la agenda nacional, el reporte federal de 24 mil obras de agua ya mostró que contabilizar acciones no sustituye la medición de impacto.
La crisis coincide además con la emergencia por el huracán Simón en el Pacífico mexicano, lo que eleva la presión sobre servicios, traslados y atención pública en Jalisco. Esa contingencia no elimina la obligación de informar qué agua llega a las viviendas ni cómo se protegerá a quienes dependen de la red.
El gobierno estatal debe responder ahora en dos frentes: publicar pruebas verificables sobre la calidad del agua y transparentar la actuación policial del domingo. Sin esos datos, la mejora anunciada seguirá siendo una promesa difícil de comprobar y la marcha por agua limpia dejará, además de la demanda sanitaria, una discusión abierta sobre el derecho a protestar y el uso de la fuerza.







