Vista aérea de Santa María la Ribera, Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral y la envió al Senado. La iniciativa creará identificadores únicos y conectará bases de datos sobre inmuebles. Aunque no establece por sí sola un nuevo impuesto predial, la actualización y el cruce de valores han desatado dudas sobre aumentos, costos municipales y protección de datos.
Ley catastral: qué cambia en los registros
El proyecto pretende modernizar, homologar y hacer interoperables los catastros y los registros públicos de la propiedad de todo el país. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, cada predio deberá contar con una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral.
La reforma también prevé un Plan Nacional Catastral y una Plataforma Nacional Catastral para coordinar tecnológicamente a la Federación, los estados y los municipios. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano administrará los apoyos federales para modernización, sujetos a reglas de operación y disponibilidad presupuestaria.
En la sesión legislativa, el dictamen obtuvo 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención en lo general; los artículos reservados fueron avalados por 299 votos contra 92. La minuta permanece pendiente en el Senado, por lo que todavía puede ser modificada antes de convertirse en ley.
El predialazo no está escrito, pero la puerta fiscal preocupa
La nueva norma no crea una tasa nacional ni traslada automáticamente al Gobierno federal el cobro del predial. Ese impuesto sigue dependiendo de decisiones locales. Sin embargo, la actualización de los catastros, la incorporación de predios no registrados y la digitalización de pagos pueden ampliar la base gravable y modificar los valores que utilizan estados y municipios.
El bloque oficialista sostiene que la reforma dará certeza patrimonial, combatirá dobles escrituras, corrupción y despojos. La oposición advierte que una homologación sin límites claros podría convertirse en un “predialazo”. El Economista documentó ambas posiciones durante la aprobación del dictamen.
El riesgo no es que la ley imponga de inmediato un recibo más alto, sino que la información actualizada facilite incrementos posteriores mediante legislaciones estatales y tablas municipales. Esa posibilidad exige reglas de transición, mecanismos de impugnación y protección para propietarios de bajos ingresos. El debate llega mientras el Congreso también modifica cuotas y derechos federales para 2027, lo que amplía la presión sobre el bolsillo de los contribuyentes.
Costos, datos y predios irregulares siguen bajo revisión
La interoperabilidad permitirá detectar discrepancias entre escrituras, catastros y cartografía, pero también concentrará información patrimonial sensible. El Senado deberá revisar quién podrá consultar la plataforma, qué datos serán públicos, cómo se corregirán errores y qué responsabilidad asumirán las autoridades ante filtraciones o registros equivocados.
Otro problema son los terrenos sin regularización, las herencias sin escritura, las viviendas con medidas distintas en documentos y los asentamientos informales. Un análisis de EL PAÍS recoge la incertidumbre de propietarios y especialistas ante el costo y la complejidad de ordenar millones de expedientes.
La iniciativa promete apoyos federales, pero no incorpora en su anuncio legislativo un costo total de implementación para municipios con sistemas atrasados. La digitalización requerirá personal, cartografía, software, seguridad informática y actualización permanente. Sin presupuesto suficiente, la reforma podría abrir otra brecha entre ciudades con catastros modernos y localidades sin capacidad técnica.
Ordenar la propiedad puede mejorar la seguridad jurídica y la planeación de vivienda e infraestructura, áreas vinculadas con la reciente cartera pública y mixta de 8.4 billones de pesos. Pero antes de aprobarla, el Senado debe precisar salvaguardas fiscales, protección de datos, financiamiento y vías de corrección. Sin esos candados, una reforma presentada como modernización puede terminar trasladando costos y errores a los propietarios.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
