Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que el exfiscal César Jáuregui violó la ley al permitir la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. La defensa respondió que no existe prueba de que hubiera autorizado o conocido esa participación. El choque ocurre antes de que un juez federal determine la situación jurídica del acusado y obliga a separar señalamientos políticos de pruebas judiciales.
Caso Jáuregui: dos versiones sobre una misma operación
La presidenta calificó como “muy irresponsable” el despliegue realizado en abril en la Sierra Tarahumara. Según la cobertura de La Jornada, Sheinbaum sostuvo que Jáuregui permitió una intervención extranjera prohibida por la legislación mexicana y cuestionó también la decisión de trasladar el convoy por una carretera peligrosa durante la noche.
La mandataria celebró que la Fiscalía de Chihuahua actuara contra quien ocupó la jefatura de esa institución y subrayó que los responsables de procurar justicia deben ser ejemplo. Al mismo tiempo, aclaró que hasta ahora no existe evidencia de que la gobernadora Maru Campos hubiera ordenado el operativo.
La versión de la defensa es distinta. Héctor Villasana, abogado del exfiscal, declaró a El Financiero que su cliente no ordenó, autorizó ni conoció la presencia de los ciudadanos estadounidenses. Atribuyó la coordinación operativa a Pedro Oseguera, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, quien murió en el accidente posterior al despliegue.
La FGR sostiene que hubo más de cien actos de investigación
La Fiscalía General de la República informó el 17 de octubre que obtuvo una orden de aprehensión después de más de cien actos de investigación. La acusación federal sostiene, en términos todavía sujetos a prueba, que Jáuregui ordenó y coordinó la operación de El Pinal sin autorización de una instancia federal, sin carpeta previa y con participación extranjera.
El comunicado de la FGR agrega que dos servidores públicos estatales y dos ciudadanos estadounidenses fallecieron cuando un vehículo se accidentó al descender de la sierra. El Ministerio Público deberá acreditar no sólo la presencia de extranjeros, sino la conducta concreta atribuida al exfuncionario y su relación con el delito de traición a la patria.
El caso no debe confundirse con los mecanismos formales de cooperación entre México y Estados Unidos. El Senado, por ejemplo, ha autorizado ingresos temporales de militares estadounidenses para ejercicios específicos. En otra ocasión, la autorización llegó cuando un ejercicio ya había comenzado, un antecedente que mostró la importancia de cumplir los controles constitucionales antes de permitir actividades de personal extranjero.
La responsabilidad todavía debe probarse ante un juez
El señalamiento de Sheinbaum tiene peso político, pero no sustituye la carga probatoria de las fiscalías. Aristegui Noticias reportó que la defensa afirma haber revisado decenas de testimonios sin encontrar uno que vincule directamente a Jáuregui con la autorización de agentes de la CIA. También reconoce que el exfiscal conocía que se preparaba un operativo, pero niega que supiera quiénes participarían o cómo sería ejecutado.
Jáuregui enfrenta procedimientos separados en los ámbitos estatal y federal. En Chihuahua se le imputan presuntos delitos relacionados con el servicio público; en el proceso federal se investiga la presunta afectación a la soberanía nacional. La existencia de dos expedientes no equivale a dos condenas y cada autoridad debe sostener sus acusaciones con pruebas propias.
La investigación previa ya había llevado a la FGR a acusar al exfiscal por el operativo con la CIA. La novedad de este lunes es el choque frontal entre la conclusión pública de la presidenta y la respuesta de la defensa. La decisión jurídicamente relevante corresponderá a los tribunales, bajo el principio de presunción de inocencia.







