Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, bajo custodia de fuerzas federales. Foto: SEDENA, difundida por EL PAÍS.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de conspirar durante dos décadas para enviar cocaína y metanfetamina a ese país y de usar armas en apoyo del narcotráfico. El proceso importa porque convierte una captura reciente en un expediente binacional y vuelve a poner bajo escrutinio las redes que le permitieron operar en México.
La acusación contra El Tanque del CJNG
Un gran jurado federal del Distrito de Columbia imputó a Cazarín Molina, de 42 años, por conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina con destino a Estados Unidos entre 2005 y 2025. También lo acusó de usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego en relación con esa actividad.
Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, una eventual condena implicaría una pena mínima de 40 años y podría alcanzar dos cadenas perpetuas consecutivas. La acusación no equivale a una sentencia: los fiscales deberán probar los cargos ante un tribunal y el imputado conserva la presunción de inocencia.
La autoridad estadounidense lo describe como mando regional del CJNG en Veracruz y sostiene que durante dos décadas habría protegido operaciones de tráfico mediante intimidación y violencia. El expediente es investigado por una unidad de operaciones especiales de la DEA en Los Ángeles.
Captura en México y un antecedente sin explicación
Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, por fuerzas mexicanas que recibieron intercambio de información de la DEA. Durante el operativo se aseguraron un arma, dosis de droga y un vehículo, de acuerdo con la reconstrucción publicada por EL PAÍS. Después, la Fiscalía General de la República obtuvo su vinculación a proceso en México.
La nueva acusación no borra un pendiente interno. Como documentó Enrique Muñoz News al revisar su recaptura, el mismo hombre había sido detenido en 2015 y salió de una prisión federal en septiembre de 2016. Hasta ahora no existe una explicación pública completa sobre la resolución judicial que permitió su libertad ni sobre los controles que fallaron mientras recuperaba capacidad operativa.
Ese vacío es relevante para medir la respuesta del Estado mexicano. La cooperación con Washington produjo una detención, pero la rendición de cuentas exige saber cómo un presunto jefe criminal previamente procesado pudo volver a operar durante años en varios estados.
Huachicol y redes políticas bajo investigación
El caso rebasa el narcotráfico. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a “El Tanque”, ocho personas y 26 empresas mexicanas. La dependencia afirmó que una red de gasolineras, transportistas y compañías de fachada almacenaba y comercializaba combustible robado para financiar al CJNG. Esas afirmaciones forman parte de señalamientos oficiales estadounidenses y también deberán sostenerse con pruebas en los procesos penales correspondientes.
Grabaciones difundidas previamente por medios mexicanos atribuyeron al hermano del empresario Amílcar Olán comentarios sobre un contacto con “El Tanque” en el contexto del suministro de balasto para el Tren Interoceánico. Sin embargo, la acusación presentada en Washington no menciona a Olán ni acredita esa relación. La FGR tampoco ha informado públicamente una imputación contra el empresario, como se explicó en la nota sobre la falta de claridad en las pesquisas sobre Amílcar Olán.
Las preguntas que siguen abiertas
La acusación estadounidense define cantidades, periodo y conductas atribuidas, pero no sustituye las investigaciones mexicanas sobre huachicol, lavado, extorsión y posibles redes de protección. Las autoridades deben transparentar, sin comprometer diligencias, qué causas penales enfrenta Cazarín Molina en México, cómo se coordinan con el expediente de Estados Unidos y si solicitarán información sobre funcionarios o empresarios mencionados en reportes previos.
También será necesario distinguir entre datos judicializados y versiones periodísticas. El avance verificable es que ya existe una acusación formal en Estados Unidos y un proceso en México. Lo pendiente es convertir la captura en esclarecimiento: identificar responsables, seguir el dinero y explicar por qué el antecedente de 2015 no impidió que el presunto operador del CJNG mantuviera actividad durante una década.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
