A pesar de la afirmación de López Obrador de que no hubo desapariciones ni torturas bajo su gobierno, un análisis periodístico documenta casi 500 crímenes de Estado en los primeros cuatro años de la Cuarta Transformación.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático al afirmar que durante su administración no se cometieron crímenes de Estado. “No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales”, declaró el pasado 26 de agosto en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Estas palabras fueron pronunciadas en respuesta a cuestionamientos sobre la responsabilidad de autoridades civiles y militares en violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto de los llamados “Vuelos de la Muerte” durante la Guerra Sucia en los años setenta.
Sin embargo, una reciente investigación periodística ha puesto en tela de juicio estas aseveraciones. El libro Permiso para matar, escrito por los periodistas Paris Martínez y Daniel Moreno, junto con el académico Jacobo Dayán, revela que en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador se documentaron al menos 489 crímenes de Estado. Esta cifra abarca asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todos ellos presuntamente cometidos por fuerzas federales y estatales en 30 de las 32 entidades del país.
Esta cifra resulta comparable a los 494 casos registrados durante todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien gobernó entre 2006 y 2012. En tanto, durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se reportaron 808 casos en 31 estados. Estos datos, según los autores, reflejan la continuidad y la grave naturaleza de la violencia estatal en México, a pesar de las promesas de cambio y pacificación que han caracterizado el discurso de la Cuarta Transformación.
El libro también recoge los testimonios desgarradores de familiares y sobrevivientes, quienes describen la impotencia y el terror que han vivido frente a un Estado que, en lugar de protegerlos, los ha vulnerado aún más. “Este modelo de seguridad que se nos ha vendido como un proceso, al final de cuentas nos ha dejado más desprotegidos”, señaló Jacobo Dayán en una entrevista reciente con Infobae México.
Los autores subrayan que, según el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, México podría ser considerado responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. “México no ha querido reconocer el conflicto armado porque tendría repercusiones económicas importantes”, añadieron, haciendo alusión a los convenios internacionales que el país ha suscrito, y que podrían derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional.
Estas revelaciones ponen en duda la narrativa oficial de un gobierno que se ha presentado como defensor de los derechos humanos y de la justicia. La comparación con administraciones anteriores muestra que la violencia estatal no solo persiste, sino que continúa siendo un problema profundo y arraigado en el sistema de seguridad mexicano.
La publicación de Permiso para matar podría generar un amplio debate sobre la verdadera naturaleza del cambio prometido por López Obrador, y sobre la responsabilidad del Estado en la perpetuación de la violencia en México. Los números presentados en el libro, junto con las voces de las víctimas, representan un recordatorio inquietante de que, a pesar de los discursos, la realidad en las calles sigue siendo una de temor y represión.