La presidenta envía cambios legales que otorgan al partido oficialista la capacidad de vetar candidatos clave del Poder Judicial, consolidando su influencia en las designaciones.
En un controvertido movimiento político, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el lunes dos reformas que modifican de manera significativa las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en México. Con estas reformas, Morena, el partido oficialista, tendrá un control más directo sobre los candidatos que lleguen a la boleta de votación, lo que ha suscitado fuertes críticas de la oposición y analistas políticos.
Las propuestas presentadas modifican tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estos cambios, en esencia, permiten que Morena y sus aliados puedan vetar a candidatos que no sean de su agrado, otorgando al partido gobernante un mayor control sobre el Poder Judicial.
El proceso original y la propuesta de cambio
Antes de estas reformas, el proceso de selección de jueces se basaba en un mecanismo establecido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho procedimiento consistía en que los Comités de los tres Poderes de la Unión generaban una lista de 10 candidatos para cada vacante, o seis en casos específicos. A partir de esa lista, se realizaba un sorteo o “insaculación” para definir a los postulantes finales, según lo dictado en el Artículo 96 de la Constitución.
Sin embargo, con los cambios propuestos por Sheinbaum, el procedimiento será distinto. Una vez que los Comités de los tres Poderes elaboren las listas de candidatos, estas serán devueltas a la presidenta o al Pleno de los Poderes para que determinen su conformidad antes de llevar a cabo la insaculación. Este nuevo paso permitirá que Morena, que controla tanto la presidencia como la Cámara de Diputados y Senadores, pueda intervenir en las candidaturas antes de la elección final.
Reacciones de la oposición: Ricardo Anaya alza la voz
La medida ha sido duramente criticada por diversos sectores, especialmente por figuras de la oposición, quienes acusan a Morena de intentar consolidar su control sobre el Poder Judicial. Uno de los principales opositores a la reforma ha sido el ex candidato presidencial y senador Ricardo Anaya, quien durante una junta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, advirtió sobre los peligros de esta modificación.
Anaya señaló que el cambio propuesto no solo perpetúa el control de Morena sobre las designaciones judiciales, sino que también elimina cualquier posibilidad de contrapeso o votación libre y directa.
“Lo que van a votar hoy por favor comparen el artículo 96 (constitucional)… porque el 96 establecía un procedimiento que ya de por sí era un agandalle (…) ahora en el 500 numeral 8 cambiaron el proceso, si eso ya era un atropello lo que ahora están planteando es un insulto”, afirmó Anaya durante la sesión. Según el senador, el nuevo sistema coloca a la presidenta y a los legisladores de Morena como los árbitros definitivos de quién puede aspirar a un puesto judicial.
Concentración de poder en Morena
El principal punto de controversia radica en que, con este cambio, el Poder Ejecutivo y el Legislativo —ambos controlados por Morena— tendrán la capacidad de vetar candidaturas judiciales, dejando poco margen para la independencia del Poder Judicial. Con el control de dos de los tres Poderes de la Unión (la presidencia y ambas cámaras del Congreso), Morena y sus aliados tienen una clara ventaja para influir en las designaciones judiciales.
La reforma establece que para vetar una candidatura en el Pleno de la Cámara de Diputados, de Senadores o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será necesaria una votación calificada de dos tercios de los integrantes presentes. Este requisito, aunque en apariencia exigente, se vuelve accesible dado el control que Morena y sus aliados ejercen actualmente en ambas cámaras.
Implicaciones para la independencia judicial
La principal preocupación de los críticos es que estas reformas socaven la independencia del Poder Judicial al permitir que el partido en el poder filtre a los candidatos según sus propios intereses. Según Anaya, esta medida consolida un control “total y absoluto” sobre las candidaturas judiciales, lo que podría debilitar los contrapesos democráticos en el país.
“Morena a través del Ejecutivo, del Legislativo y también del Judicial tienen control total y absoluto de todas y cada una de las candidaturas… están engañando a la gente diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta”, afirmó Anaya.
Por su parte, el Gobierno y los legisladores de Morena han defendido las reformas argumentando que se trata de una medida para garantizar que los candidatos sean idóneos y comprometidos con los principios de la Cuarta Transformación, el proyecto político iniciado por López Obrador y continuado por Sheinbaum.
Un debate que continuará
La aprobación de estas reformas, que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre, marca un nuevo capítulo en la política mexicana, donde el equilibrio de poder entre los tres órganos del gobierno parece inclinarse cada vez más a favor del partido gobernante. Con este cambio en las reglas del juego, la independencia del Poder Judicial queda en entredicho, abriendo un debate sobre el futuro de la democracia y el estado de derecho en México.
Las implicaciones a largo plazo de estas reformas aún están por verse, pero el panorama político del país parece encaminado hacia una mayor concentración de poder en manos de Morena, lo que ha despertado alarmas entre sectores opositores y defensores de la división de poderes.